Laura Poy Solano
Investigadores, profesores universitarios e integrantes de la Red Social para la Educación Pública en las Américas demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador suspender la aplicación del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés).
De igual manera, piden rescindir el contrato con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al considerar que se trata de un instrumento “mercantilizador y neocolonizador que no es útil para las transformaciones que requiere el sistema educativo”.
En videconferencia, docentes de la sección mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación, pidieron al mandatario que “antes de decidir mantener la prueba PISA y el oneroso contrato con la OCDE, su gobierno realice una evaluación de los impactos que estas políticas tienen en la enseñanza”.
En una carta abierta, que entregarán el 13 de mayo en Palacio Nacional, advierten que instrumentos como dicha prueba han generado “segmentación educativa, discriminación a los estudiantes de grupos más vulnerables, profundizan la desigualdad y no ayudan a hacer realidad el derecho a una educación pública, gratuita, humanista y crítica que contribuya al desarrollo nacional”.
María de la Luz Arriaga, integrante de la coalición, destacó que la promesa de esta administración federal fue que “nada se haría sin el apoyo del pueblo y contra sus beneficios, y la prueba PISA es ajena a los intereses de la escuela mexicana; no se escuchó a los docentes para tomar la decisión de continuar con su aplicación, y tampoco la voz de expertos internacionales que han alertado, desde hace años, de los efectos nocivos de las evaluaciones estandarizadas”.
Agregó que frenar la aplicación de la prueba PISA es un objetivo de interés colectivo, por lo que “debemos abrir este debate a la sociedad y evaluar qué hemos logrado después de 21 años de aplicarla, adónde se fue todo ese recurso y cuál ha sido su efecto en escuelas, alumnos y docentes. Lo que se juega es el futuro de la educación y el derecho a decidir qué formación queremos impartir, y ese es un asunto de todos los mexicanos”.
Edición: Ana Ordaz
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