Unas 40 madres e hijas de desaparecidos en Michoacán, delitos en los que -acusan- participaron elementos de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, se manifestaron esta mañana frente a las instalaciones de la 21 Zona Militar para exigir justicia, porque han pasado años, e incluso décadas, que no han vuelto a ver a sus seres queridos. Los activistas afirmaron que tienen documentadas 309 desapariciones forzadas.
En el marco del Día de la Madres, integrantes de la organización defensora de derechos humanos Alzando Voces, señalaron que ha faltado voluntad política de las autoridades estatales, para evitar que este tipo de delitos sigan ocurriendo, sin ninguna sanción para los responsables.
Expusieron que a pesar de la "indiferencia y criminalización de la protesta", seguirán en la lucha hasta encontrar respuesta del gobierno.
Las manifestantes colocaron en el piso las fotos de unos 30 desaparecidos, “porque sabemos que deben ser encontrados y encontradas, y no ser solo ser parte de las estadísticas y de simulaciones de búsqueda de las autoridades”, señaló Mercedes Ruiz González, madre de Alejandro Ortiz Ruiz, a quien no ha visto desde el 29 de noviembre de 2010 en Apatzingán.
Las manifestantes demandaron: la armonización de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el sistema nacional de búsqueda de personas, para que se regulen los mecanismos legales de búsqueda, investigación, localización, prevención, sanción y erradicación del delito. Aseguraron que pidieron al Congreso local la revisión de esa ley y otras normas relacionadas con el tema, porque no hay claridad y es inoperante.
Familiares de los jóvenes Ana Belén Sánchez Mayorga, Diego Antonio Maldonado Castañeda y Luis Enrique Castañeda Nava, desaparecidos el 22 de julio de 2012, en Paracho, después de asistir a un festival de globos de cantoya, y ofrecer un curso de manualidades para niños, aseguraron que no ha habido ninguna investigación, y testigos les dijeron que fueron sacados del hotel por policías municipales, aunque lo haya negado el entonces alcalde Nicolás Zalpa.
En tanto, Abdallán Guzmán Cruz, manifestó, frente a la zona militar, que entre julio de 1974 y 1977 un comando armado del Ejército Mexicano irrumpió en la comunidad indígena del Tarejero, en el municipio de Zacapu, para llevarse a sus hermanos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz (entre 15 y 19 años de edad), a su padre, Jesús Guzmán Jiménez, así como a su primo Rafael Chávez Rosas, señalados de pertenecer al movimiento guerrillero Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR); sin embargo, ni Solón ni su padre formaban parte del MAR, acotó.
Edición: Emilio Gómez
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