Expone gobierno seis conflictos mineros aún en curso

Fabiola Martínez y Roberto Garduño

El gobierno federal dio a conocer hoy la existencia de seis conflictos en minas ubicadas en Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro.

Los asuntos expuestos esta mañana en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen origen-salvo uno- en sexenios anteriores y cruzan por asuntos laborales, litigios prolongados en tribunales y registros no claros respecto a la afiliación a trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras causas.

Aunque se anunciaron seis casos, funcionarios federales sólo presentaron detalles de cuatro de ellos:

Cosalá

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se refirió a la Mina San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, concesionada a una empresa (Americas Gold and Silver, de capital canadiense) cuya principal actividad es la extracción de zinc, plomo y plata.

Según el reporte de Gobernación, en enero de 2020, trabajadores cerraron los accesos a la mina para exigir la aplicación del contrato colectivo así como medidas ambientales y de salud adecuadas.

De igual manera, dijo, existía una disputa por la titularidad contrato colectivo.

Durante el año pasado -febrero y agosto 2020- se realizaron diversas acciones tendientes a acercar posiciones y entablar diálogo entre las partes.

En septiembre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo mediante el cual se reconoce al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana como titular del Contrato Colectivo de Trabajo.

A consecuencia de lo anterior se presentaron dos juicios de amparo, por lo que la titularidad del contrato aún está en disputa.

La funcionaria hizo un llamado “muy respetuoso a los tribunales que tienen estos dos juicios para que pudieran resolver a la brevedad posible y tener certeza de la resolución con base en la resolución que emitan”

Precisó que tras las labores de conciliación para reanudar las operaciones de la mina en marzo pasado se trabajó en una carta compromiso para esa reapertura, el ingreso de los trabajadores y la realización de una visita de inspección en materia de seguridad e higiene.

El 26 de abril una comisión gubernamental realizó reuniones con trabajadores de la mina Cosalá, “quienes coincidieron en que la reactivación de la mina es prioridad”.

“Actualmente las partes se encuentran en pláticas sobre los términos para la reapertura de la mina y el ingreso de los trabajadores”.

Cananea y los 54 millones

En cuanto a la mina Cananea, en Sonora, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde dio el informe respectivo acerca del conflicto por el reparto proporcional del 5 por ciento del valor accionario en 1990, tras la privatización de la mina.

Los recursos fueron entregados tras 14 años, 54 millones de dólares americanos y el sindicato minero ha sostenido ser el propietario de dichos recursos.

En 2005 se iniciaron las demandas ante la Junta de Conciliación que involucraron -precisó- a poco más de 6 mil trabajadores.

Esa instancia ha emitido, en 2012 y 2018, laudos que a su vez han sido impugnados en tribunales de amparo para definir cuál es el grupo de trabajadores que tiene derecho a dichas reclamaciones.

En el caso de la última resolución de amparo, indicó, el tribunal le ordenó a la junta que emitiera un tercer laudo con algunas directrices; en algunos casos, para condenar al sindicato y en otro para absolverlo de juicios en donde las y los trabajadores no habían acreditado su derecho.

La Junta emitió un nuevo laudo el pasado 7 de abril de 2021 en donde en 15 expedientes se absuelve al sindicato de las prestaciones reclamadas y en 6 de los expedientes se condena al sindicato minero para hacer efectivo la distribución proporcional de 54 millones de dólares que involucran a 708 trabajadores y a 389 para el pago de diferencias pendientes.

Frente al laudo se interpusieron seis recursos de amparo, cuatro por parte de 462 trabajadores inconformes, uno por parte del sindicato minero y otro más por parte de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato.

Taxco

“Por lo que este asunto está pendiente de ser resuelto por los tribunales de amparo”, informó la secretaria del Trabajo acerca de este asunto con origen en la privatización hace 21 años.

También informó de la huelga en la mina de Texcoco, después de 14 años en conflicto.

Por instrucciones del presidente López Obrador se iniciaron mesas de diálogo entre el sindicato minero y la empresa para poder llegar a un acuerdo. El patrón ya se comprometió al pago de reparto de utilidades a 26 trabajadores (de 2006 y 2007), el cual se hará la próxima semana en la STPS.

“Se ha avanzado para definir a 136 trabajadores y acuerdo de liquidación que permitan llegar a un acuerdo para resolver conflicto. Estamos muy cerca, esperamos que en los próximos meses tengamos resuelto este conflicto en la mina de Taxco”, dijo la funcionaria.

Jubilados de Cananea

A su vez, Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó de la situación de ex trabajadores de la empresa mexicana de Cananea, del Grupo México.

En principio explicó que no se encuentran antecedentes de que trabajadores de esa mina hubieran tenido proceso de incorporación al IMSS, toda vez que se aplicó entonces “un criterio borroso” (renuncia voluntaria a sus derechos, presuntamente, a través de una asamblea de 1997) con el argumento de que ya se contaba con atención privada.

En 2007 la sección 65 estalla en huelga, por lo que se cierra el hospital y es dado en comodato al gobierno de Sonora; luego se firman convenios con la atención local y en 2009 la empresa concluye relación laboral con el sindicato, en ese entonces eran 2 mil 800 trabajadores.

La historia pasa por una recontratación con la empresa Buenavista del Cobre y se empiezan a otorgar servicios de salud tanto a los trabajadores recontratados como a algunos de los mineros retirados.

El problema que han manifestado los dos grupos de mineros retirados, añadió, tanto los Cananenses Asociación Civil y los de la sección 65 del sindicato minero es la atención médica -que manifiestan que no se otorga a todos- y su incorporación al régimen de jubilación del IMSS.

Robledo planteó que una opción es que el actual hospital sea administrado por el IMSS para ampliar los servicios y, segundo, relativo con la pensión, es hacer un padrón y también verificar número de beneficiarios.

“Se establecieron mesas, se recopiló documentación y el 17 de febrero se concluyó ese ejercicio. A la fecha, el IMSS tiene 2 mil 809 expedientes, mil 506 corresponden a mineros titulares y mil 503 a posibles beneficiarios".

“Con estos expedientes estamos intentando construir algunas soluciones, cotejando información de los expedientes, conciliándola con ambos grupos, para ver donde aparecen periodos completos laborados y un cálculo de salarios reales, cruzándolo con documentos de archivo tanto de demandas que en su momento ocurrieron en la Junta de Conciliación, con la dirección de Minas de la secretaría de Economía y las condiciones en que en 1990 se dio la privatización”.

También se revisa si hubiera algún acuerdo del consejo de administración del IMSS.

“En ese momento estamos; seguimos dialogando con ellos, para de alguna manera corregir y que ese hospital sea operado por el IMSS…Hay que corregir y revisar qué soluciones se pueden ofrecer”.

Edición: Ana Ordaz