Eduardo Murillo
Los juzgadores en América Latina deben estar atentos para evitar regresiones autoritarias en materia de derechos humanos, advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al participar en el encuentro: La apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Experiencias latinoamericanas, a 10 años de la reforma constitucional.
Añadió que en México el reto es “avanzar en el desarrollo de los derechos económicos, culturales, ambientales, sociales. Es una agenda que apenas iniciamos y que creo que debe ocupar nuestra atención y nuestro trabajo en los próximos años”.
Zaldívar expuso algunos de los fallos que ha emitido la SCJN con base en la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, relacionados con el interés superior de la niñez; igualdad de género; derechos de grupos vulnerables, como personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, miembros de la comunidad LGBTTTI. Así como, la doctrina sobre los derechos a la libertad de expresión, el desarrollo a la libre personalidad, la presunción de inocencia, entre otros.
Y destacó que “hoy todas las juezas y los jueces mexicanos consideran que todos los conflictos deben resolverse a la luz de este nuevo paradigma, de este nuevo bloque de constitucionalidad y viendo siempre aquello que beneficia en mejor manera a la persona”.
En el marco del décimo aniversario de la reforma constitucional, se realizó este conjunto de videoconferencias, donde las presidentes de las salas de la SCJN, Margarita Ríos Farjat , de la Primera, y Yasmín Esquivel Mossa, en la Segunda, también hablaron de la trascendencia del nuevo paradigma de los derechos humanos en los fallos del máximo tribunal.
Ríos Farjat señaló que la acción de la sociedad, ejerciendo sus derechos humanos y haciéndolos realidad en la práctica jurisdiccional, es ahora tan normal que tan sólo en las últimas semanas han resuelto tres casos que son ejemplo de ello.
Se trata del amparo concedido a una mujer que padeció esterilización forzada en un hospital del IMSS, la resolución sobre la omisión legislativa en materia del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y el juicio donde se definió que las acciones emergentes emitidas por Naciones Unidas en casos de desaparecidos, son obligatorias para todos los niveles del estado mexicano.
La ministra Ríos apuntó: “es natural que exista una amplia movilización social para judicializar los temas que le interesan a la ciudadanía, pues la sociedad mexicana ya está inmersa en la narrativa de los Derechos Humanos y también está dispuesta a litigar sus causas ante el Poder Judicial hasta las últimas instancias, y por lo tanto la respuesta de las personas juzgadoras debe estar a la altura.”
Por su parte, la presidenta de la Segunda Sala de la SCJN, Esquivel Mossa, afirmó que la sociedad civil organizada, mediante el litigio estratégico, contribuye a hacer realidad los derechos humanos, exigiéndolos ante juzgados y tribunales, y no sólo desde el activismo.
Edición: Ana Ordaz
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