Juan Ricardo Montoya
Con 16 votos a favor de Morena, el pleno del Congreso de Hidalgo aprobó la tarde de este miércoles la iniciativa a favor de la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas. En el Pleno estaban presentes 28 de los 30 diputados que conforman la LXIV Legislatura, 12 de los cuales -del PRI, PRD, PAN, PT, Nueva Alianza, PES, además de la diputada morenista Doralicia Martínez- se abstuvieron de participar.
Así, Hidalgo se convierte en la tercera entidad en el país —junto con Oaxaca y la Ciudad de México— en la que se permite el aborto legal sin importar su causa hasta las 12 semanas o tres meses de gestación.
La votación se dio aún cuando el diputado del PAN, Asael Hernández, ya fuera del período de discusión de la iniciativa tomó el micrófono de la tribuna y manifestó su oposición al dictamen a lo largo de 15 minutos.
Eso pese al llamado del morenista Ricardo Baptista González, presidente por el mes de junio de la Mesa Directiva del Congreso, para que fuera respetado el reglamento y se permitiera la votación, por lo que ésta se realizó en medio de la alocución de Hernández.
En cuanto se leyó el dictamen, decenas de activistas de Marea Verde y otros colectivos feministas —que la noche del martes instalaron un campamento en las afueras de la entrada del Congreso de Hidalgo para evitar la irrupción de Provida— estallaron en expresiones de júbilo.
El diputado de Morena Victor Osmind Guerrero Trejo, quien en 2019 intentó por primera vez que fuera aprobada la iniciativa sin conseguirlo, luego de que ocho de los 17 diputados de su mismo partido, aliados con el PAN, el PT y una parte de la fracción del PRI votaron en contra, durante la discusión de la iniciativa, se congratuló con el resultado.
"Se cumplió una expectativa de la población particularmente de las mujeres que desde hace varias décadas venían exigiendo que la interrupción legal del embarazo fuese aprobada, misma que estuvo relegada a consecuencia de los tabús y los prejuicios que se han creado en torno a este tema desde el patriarcado", expuso.
Sentenció que “esta Legislatura, la primera de oposición en Hidalgo, pasará a la historia al reconocer los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, mediante una iniciativa de ley, sustentada en términos científicos, legales y éticos, respaldado por la Organización Mundial de Salud, para despenalizar el aborto”.
"No somos asesinos ni asesinas de niños y niñas, sino que con esto que se acaba de presentar se pretende salvar la vida de niñas y mujeres a las que No tenemos derecho de obligar a ser madres ni mucho menos meterlas a la cárcel por interrumpir su embarazo sea cual sea que haya sido su decisión, nosotros los hombres ni siquiera deberíamos emitir un juicio", añadió.
Asael Hernández del PAN, María Luisa Pérez Perusquia del PRI y Jajaira Aceces del PES aseguraron que el dictamen se aprobó en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales con vicios por lo que recurrirán a tribunales a impugnar la aprobación.
En un comunicado dado a conocer por Ernesto González González, regidor del PT de Tizayuca quien funge como vocero de la llamada Magna Coalición de la Vida y la Familia de Hidalgo, integrada por Provida, Ola Celeste, Frente Nacional por la Familia, 40 Días por la Vida y otras 11 agrupaciones de corte conservador, anunció que todos esos colectivos acudirán a los tribunales para impugnar la resolución, por supuestas irregularidades en la aprobación del dictamen al ser turnado y aprobado sólo en la comisión de marras, cuando supuestamente debió pasar también por la de Seguridad Ciudadana y Justicia.
Amparos colectivos, y una "denuncia por no constitucionalidad por la falta del debido proceso" son las acciones legales que buscarán contra la ILE.
Esta iniciativa que fue aprobada este miércoles es la misma que fue impulsada en 2019 por el diputado morenista Guerrero Trejo, la cual contempla entre otras cosas la ILE hasta las 12 semanas; el que las mujeres acudan a clínicas del sector salud a solicitar el aborto sin dar ninguna explicación del motivo de su decisión, además de dejar sin efecto los procesos penales que se hubieran iniciado contra aquellas que hubieran abortado.
Se contemplan penas carcelarias a quienes contra la voluntad de las mujeres las obligaran a abortar o les induzcan la interrupción del embarazo y el derecho de los médicos a no practicar abortos.
En 2019 la iniciativa tuvo el respaldo de la secretaria de salud, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Hidalgo.
Por un acuerdo con Víctor Osmind, esta vez la iniciativa fue registrada por segunda ocasión por los diputados de Morena Ricardo Baptista y Roxana Montealegre, presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso quienes hace dos años se abstuvieron de votar a favor pese a que habían comprometido su sufragio a activistas de Marea Verde y otras agrupaciones.
BCS, lo rechaza
Con votación dividida y la ausencia de algunos diputados que abandonaron la sesión, el Congreso de Baja California Sur local rechazó el dictamen a favor de ampliar el aborto legal hasta la décimo segunda semana de gestación.
Luego de siete horas de sesión, que comenzó con la presencia de los 21 diputados, terminó con 16, ocho de los cuales votaron a favor, seis en contra y dos abstenciones, por lo que el dictamen fue rechazado, pues requería la mitad más uno de los legisladores presentes.
Los diputados de Morena: Esteban Ojeda, Marcelo Armenta, Humberto Arce, Rosalba Rodríguez, María Petra Juárez, Homero González, Sandra Guadalupe Moreno y del PT, Mercedes Maciel, votaron a favor del dictamen.
En contra los hicieron Perla Flores, Lorenia Montaño y Rigoberto Murillo del PES; José Luis Perpuli Drew y Elizabeth Rocha Torres del PAN; y Maricela Pineda del PRD.
Mientras que los diputados que dejaron su curul para no votar fueron Carlos Van Wormer y Esthela Romero de Morena; y Ramiro Ruiz y Soledad Saldaña, ambos sin partido.
Las abstenciones fueron por parte de Anita Peralta (PRI) y Daniela Rubio (Humanista).
La sesión a puerta cerrada y transmitida vía redes sociales por las restricciones sanitarias, no impidió que afuera de la sala de sesiones personas que se autodenominaros católicos se hincaran y rezaran para evitar la aprobación del dictamen; en tanto un grupo de pro abortistas criticaban esa postura y alentaban la despenalización.
El 15 de marzo de 2020, Enrique Arturo Mayorquín presentó una iniciativa ciudadana para modificar el Código Penal para el Estado de Baja California Sur y la Ley de Salud del Estado de BCS, con el objetivo de despenalizar la interrupción del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación.
En su exposición mencionó que mundialmente, los estudios especializados más recientes evidencian que el aborto es un problema de salud pública que genera casi 47 mil muertes al año alrededor del mundo.
Aporta 13 por ciento de todas las causas de muerte materna y casi cinco millones de complicaciones, algunas de ellas permanentes; es decir, el aborto realizado en condiciones inseguras y marcos legales restringidos se relaciona con una elevada morbilidad y mortalidad materna.
Este martes, el dictamen fue incluido en el orden del día de forma sorpresiva para algunos diputados opositores a la iniciativa, por lo que lo catalogaron un intento de madruguete, a menos de un día de concluir el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura.
De acuerdo con el dictamen presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Salud, de la Familia y la Asistencia Pública el artículo 151 del Código Penal de Baja California Sur quedaría como sigue: “Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.
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