Excarcelar a víctimas de tortura y sectores vulnerables, dispone AMLO

Fabiola Martínez y Laura Poy

Por decreto presidencial serán excarceladas víctimas de tortura, reos no sentenciados y adultos mayores vunerables acusados por delitos del ámbito federal, anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En específico, serán beneficiados:

- Presos que en 10 años no hayan sido sentenciados, y que estén detenidos por delitos no graves.
- Adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves.
- Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves.
- Reos que hayan sido torturados, sin importar la edad y/o el delito, y cuya condición de castigo se compruebe a través del protocolo de Estambul. 

"No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, cero tortura”, advirtió el presidente López Obrador la mañana de este jueves ante comunicadores presentes en Palacio Nacional

En la conferencia matutina de este jueves se detalló que el universo de eventuales beneficiados por todas las causas expuestas (sin sentencia, del fuero federal) es de 12 mil 358 individuos, aunque todavía no se sabe cuántos de ellos cumplirían con alguno de los supuestos referidos para obtener la libertad.

Por instrucción del presidente, la Secretaría de Gobernación (SG) preparará de inmediato el decreto y se espera que la liberación se haga de manera expedita, a más tardar en septiembre.

El beneficio es para los acusados por delitos del fuero federal, aunque el presidente López Obrador instó a las entidades federativas a hacer lo propio, y si el rezago en la materia es por falta de recursos “que se bajen el sueldo los arriba”.

“El presidente ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para obtener una confesión”, dijo Olga Sánchez Cordero, titular de la Gobernación, al indicar que en México.

95 mil reos sin sentencia

La funcionaria federal informó que 43 por ciento de la población penitenciaria no ha recibido sentencia y que la mayoría de quienes están en esta situación son personas acusadas de delitos del fuero común, en penales estatales, apuntó.

Detalló que de una población total privada de su libertad de 220 mil 114 personas, 125 mil 567 ya tienen una sentencia y 95 mil 547 aún no la reciben; de este último grupo, 87 mil 189 son del fuero común (cuyo proceso está a cargo de autoridades de los estados).

Al indicar que con la cuarta transformación la SG tiene un nuevo rol, el presidente aseguró que “ya no es la secretaría de la represión y el autoritarismo, sino de la protección de los derechos humanos y la procuración de justicia.”

Para los jóvenes, dijo el mandatario, se debe decirles que la SG jugó un papel por muchas décadas de la secretaría del castigo, la depresión, del control, de la guerra sucia. Eso se terminó.

Detalló, respecto a las excarcelaciones de personas con enfermedades crónicas, que la Secretaría de Salud será la encargada de hacer los diagnósticos. Dijo que -en general- será un proceso simplificado, cuyo plazo de liberación no va a hacer mayor al 15 de septiembre.

"Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos que no tienen sentencia y que no sólo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría", por lo que instó a las autoridades estatales a tomar cartas en este asunto.

“Del fuero común, 82 mil 189, y del federal 12 mil 358, la justicia como lo establecen los ordenamientos legales debe ser rápida, expedita, ¿cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia?”, planteó el mandatario al enfatizar que lo anterior debe ser atendido por el Poder Judicial, tanto en los estados, como el Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Superiores de Justicia en los Estados y el Poder Judicial Federal.

“Que hay mucha gente que no tiene defensa, porque las defensorías de oficio no están bien integradas, ni en los estados ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que deberían de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que ya no sólo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia”, señaló el presidente López Obrador.

Excarcelación de torturados, pese a polémica: AMLO

López Obrador dijo que la anunciada excarcelación de víctimas de tortura -acusadas por delitos federales- se realizará a pesar de la polémica que levante.

“Y puede ser polémico y no nos importa, pero no podemos nosotros continuar con esas prácticas medievales, completamente contrarias a los más elementales derechos humanos”, advirtió en conferencia de prensa posterior.

"El planteamiento es: el Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura (…) bajo ninguna circunstancia se acepta la tortura”, aseveró.

En cuanto a Israel Vallarta y Brenda Quevedo, relacionados con los casos de Florence Cassez y Hugo Alberto Wallace Miranda, el mandatario dijo que podrían ser liberados con el decreto presidencial en favor de víctimas de tortura.

“Sí, es que es una decisión que hemos tomado (decreto). Puede ser (la liberación de las personas mencionadas) porque vivimos en un país de leyes y en un auténtico estado de derecho qué personas vinculadas a estos procesos acudan a una instancia judicial para inconformarse y tienen todo el derecho de hacerlo”, señaló.

Caso Vallarta

Sobre el caso de Vallarta, privado de su libertad desde 2005, la secretaría de Gobernación hizo un amplio reporte de los hechos: 

Indicó que sus dos causas penales se atienden en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, en ellas se le señala por: secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo. 

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Agregó que el caso ha sido revisado desde septiembre de 2019, en coordinación con el Sr. Vallarta, sus familiares y abogados y se le han propuesto alternativas que pudiera hacer valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de una sentencia.

Sin embargo, Vallarta y su defensa no han aceptado la estrategia planteada, consistente en promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Dijo que la estrategia sólo le beneficiaría para una de las causas penales acumuladas, de tal suerte que, si se le aplicara el precedente Cassez, es previsible que sea absuelto en dicho asunto. No así en la otra causa, que quedaría pendiente.

El pasado 19 de julio la defensa de Vallarta presentó nuevas pruebas documentales, y -dijo Sánchez Cordero- esto podría alargar el proceso penal, ya que el Juez no puede dictar sentencia hasta que las pruebas sean desahogadas.

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Recordó que el 14 de diciembre de 2020, en la conferencia matutina de López Obrador, una reportera reprodujo un audio del señor Vallarta denunciando torturas por parte del director del CEFERESO 17 ubicado en Michoacán. En consecuencia, el Presidente ordenó a la Subsecretaría de Derechos Humanos atender el asunto, derivado de ello -y en su calidad de denunciante- el procesado es asesorado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y actualmente existe una carpeta de investigación en trámite.

El 31 de diciembre de 2020 Israel Vallarta fue trasladado al Cefereso 1, conocido como "El Altiplano", en Estado de México, a petición propia y de su esposa. 

Caso Quevedo

El 2 de octubre del 2020, el grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado mexicano, la Opinión núm. 45/2020 relativa a “N” Quevedo.

Al respecto Sánchez Cordero detalló que la señora Quevedo fue detenida en septiembre de 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Ella denuncia haber sido víctima de tortura en dos ocasiones: la primera en 2009, en el penal de “Santiaguito” (Estado de México), la segunda en el Penal Islas Marías. En ambas ocasiones -narra Quevedo-, y entre otros castigos, le asfixiaron con bolsas en la cabeza y amenazaron con tomar represalias contra sus familiares.

La funcionaria federal indicó que la detenida es representada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, en estrecha coordinación con la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Actualmente Quevedo continúa privada de su libertad en prisión preventiva, en el Cefereso Femenil 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos. 

Actualmente se realizan gestiones para garantizar su atención médica inmediata y está en proceso su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI)
 

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Edición: Mirna Abreu