Cerca de 10 mil escuelas fueron vandalizadas, reconoce SEP

Laura Poy y Fabiola Martínez

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, reconoció que cerca de 10 mil escuelas en el país fueron vandalizadas, lo que representa cerca de 2 por ciento del total de planteles educativos.

Aseguró que con la aplicación del Programa la Escuela es Nuestra se han atendido a cerca de 57 mil escuelas que reciben recursos para su infraestructura, y se logró atender a 5 mil de esos centros escolares vandalizados.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, insistió en que el regreso a clases no será por la fuerza, y anunció que se analiza con los secretarios de Educación de los estados, un acuerdo que incluirá no sólo los protocolos sanitarios, sino de organización de las actividades educativas, que contempla la limpieza de los planteles, que ya se realiza a través de los tequios escolares, así como la realización de talleres intensivos para docentes y la sesión previa al inicio del ciclo escolar de los Consejos Técnicos Escolares.

Gómez Álvarez destacó que existe disposición de los gobiernos estatales y municipales para atender el deterioro de la infraestructura escolar, y agradeció el apoyo de los padres de familia que “han hecho el favor de apoyar en reponer vidrios y pintura”.

Convocó a quienes se oponen al regreso a clases a que se reflexionen sobre las razones para un regreso presencial a las escuelas, y se sumen al esfuerzo que “estamos haciendo no sólo como gobierno, sino como sociedad, porque es una situación que nos compete a todos, tanto padres de familia, medios de comunicación, como a salud y seguridad”.

La funcionaria federal indicó que el acuerdo será sometido a la revisión de las autoridades educativas locales en la sesión de este viernes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), aunque se dará a conocer hasta la próxima semana.

Insistió en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene la obligación de ofrecer el derecho a la educación, el cual está establecido en la Constitución, y conlleva, dijo, el derecho a la salud, no sólo física, sino emocional, social y de integración de los niños.

Si la preocupación es la cuestión de la seguridad, señaló, “sí hay protocolos. Ayer se trabajó con secretarios de los estados, y ahora estamos en el análisis del acuerdo”, el cual, explicó, se elaboró en diversas reuniones con las autoridades educativas locales, pero también con la Secretaría de Salud.

Edición: Emilio Gómez