Representantes de escuelas particulares insistieron en que de publicarse en el Diario Oficial la NOM 237 se dará un duro golpe a la educación de calidad en el país, afectaría la libertad de los padres de familia de optar por una alternativa para sus hijos y provocaría una mayor demanda de espacios en el sistema público.
Esta regulación hará que al menos 18 mil escuelas particulares que forman parte del Sistema Nacional de Educación “estaríamos en una gran desventaja porque no podríamos, no sólo cubrir los costos que nos obligaría, sino que tampoco podríamos defendernos de esta decisión mediante un juicio de amparo por los altos precios que tomar una decisión de judicializar nuestro reclamo” dijo José Rogelio Varela Cáñez, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora (FEP - Norte de Sonora).
En un comunicado conjunto que se leyó en videoconferencia, se explicó que se perderían alrededor de 99 mil empleos si se toma en cuenta que hay 18 mil escuelas con un promedio mínimo de 35 alumnos, y la cantidad de niños y adolescentes que se quedarían sin poder continuar con sus estudios sería de 630 mil.
Además, señalaron, los gobiernos estatales dejarían de recaudar 207 millones 900 mil pesos por concepto de impuesto sobre nómina y otros accesorios; el Gobierno Federal dejaría de percibir 277 millones 992 pesos de Impuesto Sobre la Renta de los empleos, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social dejaría de contar con mil 771 millones 729 mil 740 pesos. A su vez, el Infonavit dejaría de recibir 415 millones 800 mil pesos, destacaron.
Estas sumas, dijeron, implican un impacto anual en contribuciones de 2 mil 465 millones 521 mil 740 pesos, que se sumarían al millón 575 mil alumnos dejarían de percibir sus becas de 40 por ciento que ofrecen las escuelas particulares a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Secretaría de Economía (SE) sostiene que el sector de la educación privada está “sobredimensionando” los costos y los efectos de la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2020, que busca dar certidumbre a padres y madres de familia, al clarificar las obligaciones que ya tienen los prestadores y usuarios de servicios educativos privados, afirmó Jesús Cantú.
En entrevista, el titular de la Unidad de Normalización, Competitividad y Competencia de la SE afirma que el contrato que se le pide a las instituciones educativas privadas no les debería generar elevados costos como para que cerca de 18 mil escuelas cierren (según estimación de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, ANEP).
Con la NOM-237 se deberá especificar toda la información que los colegios tienen que entregar a los estudiantes, los padres de familia o los tutores respecto de los servicios que van a prestar, y cuál será la contraprestación económica que deberán pagar por ello; es decir, hay más precisión para que las dos partes conozcan con toda claridad cuáles son sus derechos y obligaciones.
Edición: Laura Espejo
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