Georgina Saldierna y Enrique Méndez
Después de casi dos horas en que la oposición cuestionó que obligar a los jóvenes a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), era una medida de “terrorismo fiscal”, Morena aceptó una modificación al Código Fiscal de la Federación, para definir que quienes no hagan el trámite, no serán multados.
Si bien permanece la obligación, se acotó que, si un joven no se inscribe en el RFC, no les serán aplicables las multas de entre 3 mil 870 y 11 mil 600 pesos, que prevé el mismo código por el incumplimiento de la obligación.
Asimismo, Morena propuso suprimir la obligación de los contadores públicos a denunciar a sus clientes, si detectan un delito fiscal. Como está redactado el dictamen, el contador que no haga la denuncia, será acusado del delito de encubrimiento.
Al presentar la reserva en tribuna, la diputada Lidia García Anaya (Morena) dijo que, si bien comparte la postura de la Secretaría de Hacienda, “debemos ser muy cuidadosos de la manera de que esta propuesta quede asentada en la ley; ser cautelosos de no generar obligaciones a los jóvenes o hacerlos susceptibles de requerimientos innecesarios”.
El PRD planteó que, no hacer el trámite no sea vinculatorio para cualquier otro trámite que deban realizar los jóvenes.
Legisladores de Acción Nacional reclamaron que la disposición pretendía tener un padrón de jóvenes, para controlar su información e incluso sus datos biométricos.
Ley de ingresos, aprobada
El debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Ingresos de la Federación 2022 se extendió durante la madrugada del jueves, hasta que finalmente el texto fue aprobado y turnado al Senado
El paquete prevé recursos por 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos, y a la que solo se aceptó una reserva para precisar la fecha de devolución a la Tesorería de recursos no ejercidos por los estados.
Poco antes de las seis de la mañana, y tras cuatro horas de discusión en el pleno, el proyecto se aprobó con 267 votos de Morena, PT y PVEM en favor, mientras PAN, PRI, PRD y MC acumularon 210 en contra.
En tribuna, la diputada Patricia Armendáriz (Morena) presentó la adición de un artículo transitorio para definir que los subejercicios de este año en los estados no se devuelvan al cierre de 2021, sino hasta el de 2022.
Explicó que anualmente los gobiernos locales deben reintegrar a la Tesorería los recursos que no ejercen, bajo el principio de anualidad, pero acotó que esos fondos están depositados en un banco que administra el IPAB, aunque no precisó el nombre.
“Lo que sucede es que varios estados están entrampados en sus depósitos con respecto a lo que tendrían que devolver en 2021, que no es un quebranto para la federación ni para los estados, pero sí es injusto que se les exija ahorita devolver lo que no tienen porque está capturado por el IPAB”, dijo.
La propuesta se admitió.
Asimismo, diputadas del PT y Morena por Chihuahua plantearon que los fondos que se obtengan por la regularización de autos introducidos ilegalmente al país de Estados Unidos, también conocidos como chocolates, vayan directo a los municipios, y no a los gobiernos de los estados.
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En tribuna, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) defendió el programa de legalización.
Sostuvo que los decretos de regularización más actuales como los emitidos por Vicente Fox, Felipe Calderón y el refrendo de Enrique Peña Nieto no tuvieron un objeto claro y no se conoce el destino del dinero obtenido.
“No había transparencia de a dónde iban a parar los recursos. De hecho, Fox utilizaba el dinero de la regularización como si fuera el que traía en la bolsa y lo utilizaba para comprar gobernadores”, cuestionó.
Expuso que aun cuando en los transitorios del decreto se prevé que ahora los ingresos de este programa se destinarán a pavimentación de los municipios del norte del país, los gobiernos de los estados ya hacen cuentas de los fondos extraordinarios que van a recibir, y existe el riesgo de que no entreguen el dinero a las alcaldías.
“Los gobernadores ya están declarando que van a recibir el dinero y hasta se lo están gastando”, dijo.
También la diputada Teresita de Jesús Vargas (Morena) expresó que en Chihuahua, así como en el resto de los estados del norte, hay una preocupación real y legítima de que los gobernadores “metan las manos de mala manera en ese recurso y de que un programa de naturaleza tan noble termine beneficiándoles a ellos”.
Ante ese riesgo presentó una reserva para que los municipios puedan intervenir en la recaudación.
Dijo que según una explicación de la bancada de Morena y funcionarios de Hacienda, existe el compromiso del gobierno federal de que lo obtenido por la regularización se destine a pavimentación en los municipios que correspondan.
Ante ello, su reserva se desechó.
Edición: Laura Espejo
El pleno inició la discusión de 71 reservas, aunque 22 serán enviadas al Diario de los Debates
La Jornada
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