Andrea Becerril
La titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, rechazó en el Senado que haya “terrorismo fiscal” o persecución contra los contribuyentes y precisó que en el caso de las modificaciones en materia de donativos, no se perjudica a la mayoría de quienes destinan recursos a causas humanitarias.
De los 10 mil donatarios registrados, precisó, sólo se afectaría en sus ingresos a un porcentaje menor, sobre todo una o dos familiares, cuyos siete integrantes donan hasta 350 millones de pesos al año, pero a sus propias fundaciones.
La restricción, precisó, afecta en total a unas 50 personas físicas, entre ellos a directivos de fundaciones, que realizan donaciones millonarias a las mismas y pueden deducir esos recursos millonarios.
En entrevista final no quiso precisar de qué fundaciones se trata, ya que, argumentó, se lo impide el secreto bancario. No es defraudación,dijo, pero si un abuso que no debe tolerarse más.
Al participar, junto con otros funcionarios hacendarios en la reunión de las comisiones que dictaminan la minuta de Ley de ingresos y Miscelánea Fiscal del próximo año, resaltó que se busca es robustecer el combate a la elusión y la evasión tributaria, en un país donde prevalece “la cultura de no pago” de los impuestos y 30 millones de registros de contribuyentes presentan irregularidades.
Es muy grave, dijo, porque es uno de cada tres de los contribuyentes que en algunos casos han padecido robos de identidad y muchos otros son utilizados por empresas para hechos de simulación o por factureras para evasión fiscal.
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La titular del SAT explicó que la obligación de ciudadanos a partir de 18 años de registrarse como contribuyentes, tiene una doble intención: por principio, hacer conscientes a los jóvenes de que están obligados a cumplir con su país y declarar los ingresos que reciben y protegerlos de robos de identidad por parte incluso de la delincuencia organizada, sin que estén siquiera enterados.
La nueva medida en torno al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) “va orientada primero a que todo mundo se registre para que tenga un medio de contacto para que si alguien usa su RFC, o cualquier otra anomalía de que no es consciente, reciba una alerta o le llegue un aviso, como hacen los bancos, de que se le ha dado de alta como representante legal de una empresa”, por ejemplo.
Durante la reunión, senadoras del PRI y PAN insistieron en que esa a medida, junto con la de establecer restricciones para quienes realizan donativos y las nuevas disposiciones para y para los contadores se inscriben dentro de “un terrorismo fiscal, propio de regímenes autoritarios”. En su respuesta, la titular del SAT advirtió que había “un abuso del lenguaje” .
De la misma forma, explicó, que no se habla de terrorismo educativo por hacer exámenes a los alumnos o de terrorismo penal por encarcelar a los delincuentes, tampoco se debe señalar como terrorismo fiscal por hacer que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias.
En ese contexto ubicó que se establezca responsabilidad penal a contadores que no informen sobre esquemas de elusión fiscal. Se trata, detalló, de desmontar los grandes despachos y contadores dedicados a defraudar tanto al fisco como a los grandes contribuyentes.
Buenrostro aseguró que con las medidas implementadas para evitar la evasión fiscal y ampliar la base de contribuyentes se ha logrado recaudar 400 mil millones de pesos en los últimos ejercicios fiscales, equivalente al 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto.
Edición: Estefanía Cardeña
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