Prohíben a funcionarios públicos dar regalos y acciones de acoso laboral

Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

El gobierno federal publicó un nuevo código de ética, que abroga al anterior emitido en 2019, con el cual se deberán regir los funcionarios y trabajadores de la administración federal. En el documento se establece la prohibición de dar o recibir regalos, e instruye a retomar los principios de austeridad republicana y transparencia.

Además, prohíbe de manera explícita acciones de acoso laboral o sexual, y aclara que estos pueden ejercerse no sólo de jefes a subordinados, sino también de manera horizontal, ascendente e independientemente del sexo y orientación sexual.

A diferencia del código anterior, en éste se establece un apartado sobre el uso de redes sociales por parte de servidores públicos.

Pide a los integrantes de la administración federal asumir como compromiso, el “considerar que las redes sociales pueden constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que, sin menoscabo de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión propios, para su uso institucional, procurarán la imagen de las dependencias y entidades, así como la confianza en el servicio público, al mantener un comportamiento acorde con la ética pública y respetuoso de cualquier persona, sin importar su ideología o posicionamiento”.

Subraya que en caso de que un funcionario decida destinar sus redes sociales para hacer públicas las actividades relacionadas con su cargo, “se colocan en un nivel de publicidad y escrutinio distinto al privado, por lo que, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se abstendrán de realizar conductas que restrinjan o bloqueen la publicidad o interacción de la cuenta a personas determinadas”.

En el código de ética publicado por la Secretaría de la Función Pública este martes en el Diario Oficial de la Federación se define que deberán asumir como compromiso el preservar la imagen institucional, “conscientes del alto honor y confianza que la sociedad les ha conferido para desempeñar” su cargo, por lo que deberán actuar con integridad incluso fuera del horario y espacio laboral.

Deberán “realizar ejercicios de reflexión ante dilemas éticos, entendidos estos como la situación en la que es necesario elegir entre dos o más opciones de solución o decisión, con el propósito de optar por la que más se ajuste a la ética pública”.

También instruye emplear lenguaje incluyente y no sexista en todas las comunicaciones institucionales.

A la vez, deben evitar conductas tales como ejecutar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo; tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones; hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona.

De igual forma, cada dependencia deberá publicar un código propio tomando éste como base, a más tardar en julio de 2023, es decir, faltando poco más de un año para que concluya la presente administración federal.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que el código de ética es aplicable a todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades del gobierno federal, por lo que es obligatorio en cualquiera de sus niveles jerárquicos, incluyendo al personal de base y sindicalizado, y su incumplimiento será objeto de denuncia.

El texto establece que los principios, valores y reglas de integridad incluidas en el instrumento se ponderaron y ordenaron acorde con la jerarquía que establece el sistema jurídico mexicano, partiendo de la Constitución y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El incumplimiento del código puede ser denunciado ante los comités de ética de las dependencias que podrán emitir recomendaciones al respecto, o ante el Órgano Interno de Control, que es la autoridad al interior de las dependencias y entidades, encargada del conocimiento de denuncias por presuntas faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Edición: Estefanía Cardeña