La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en septiembre de 2021 que era inconstitucional criminalizar el aborto, por lo que ningún juez en todo México puede enjuiciar a una mujer por interrumpir su embarazo o alguna persona que colabore en ese procedimiento.
Sin embargo, el aborto voluntario sólo ha sido despenalizado en Ciudad de México y los estados de Colima, Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, donde los congresos estatales modificaron los códigos penales y otras regulaciones para autorizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
La falta de voluntad política de los legisladores para acatar el fallo y reformar los códigos penales estatales, el poco conocimiento entre la población de la sentencia de la SCJN, así como la ausencia de sanciones para los que incumplan las normas son, en opinión de algunas activistas y abogadas consultados por la AP, los obstáculos que han impedido que se extienda a todo México la despenalización del aborto.
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“En México no solamente hay que sortear cambios legislativos a las leyes sino que también hay que sortear una serie de obstáculos en la práctica para que el personal de salud efectivamente provea los servicios de aborto legal seguro y gratuito”, sostuvo Rebeca Ramos, directora ejecutiva de la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
La abogada y activista Verónica Cruz, integrante de organización feminista Las Libres, afirmó que entre la población mexicana, y en particular las mujeres, hay un desconocimiento general sobre los derechos y las leyes, y sostuvo que ante la “falta de información hay poca exigencia para la garantía de los derechos en lo cotidiano”.
La presión de la Iglesia y los grupos antiaborto
Aunque la decisión de la SCJN representó un revés para la Iglesia católica, que tiene un importante peso en el país debido a que la mayoría de los mexicanos profesan esa religión, y las organizaciones civiles que están contra del aborto, algunos de sus representantes mantienen la esperanza de que la despenalización del aborto no se concrete en los 26 estados donde aún no se ha reformado los códigos penales.
Así lo reconoció el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en el estado de Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, quien presagió que habrá “una lucha más cerrada” en esos estados para que no se acate la sentencia del máximo tribunal debido a que su población es mayoritariamente católica. “Ninguna Corte, nadie esta autorizado para quitar la vida a otro… la Suprema Corte no es Dios”, agregó.
Un largo camino para la despenalización
El caso de una niña de una comunidad indígena que resultó embarazada a consecuencia de una violación y a quien los médicos de Guerrero le negaron inicialmente el aborto dejó al descubierto las dificultades que aún enfrentan las mujeres mexicanas para lograr una interrupción segura del embarazo, y el largo camino que aún falta por transitar para que se extienda a todo México un fallo reciente sobre la despenalización del aborto de la SCJN.
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En los 32 estados de México el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación, y también se permite en algunos estados cuando está en peligro la vida de la madre o por malformaciones graves en el feto.
Como México es una república federal, la materia penal debe ser regulada por cada uno de sus 32 estados, que se rigen por sus propias leyes y códigos penales. En los diferentes estados se requiere que los congresos modifiquen sus códigos penales para despenalizar el aborto voluntario en esas regiones, indicó Rebeca Ramos.
No puede existir la persecución
En el caso de los 26 estados donde no se ha despenalizado el aborto las mujeres que quieran interrumpir su embarazo pueden enfrentar trabas para que se les practique el procedimiento, o deben recurrir a amparos para lograr la ejecución, pero en ningún caso pueden ser detenidas o enjuiciadas por los jueces porque para ellos si es de obligatorio cumplimiento la sentencia del máximo tribunal.
Asimismo, la Corte dictaminó que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida porque es algo que corresponde al Congreso federal, y no es legal limitar el derecho del libertad reproductiva de las mujeres a la vida del embrión.
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Edición Astrid Sánchez
El acto comenzará a las 9 horas el 1 de octubre en San Lázaro
La Jornada
