La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuestionó la “información errónea” que en los últimos días artistas y “pseudoambientalistas” han difundido en redes sociales, al tiempo que enlistó seis casos “que sí han dañado la riqueza natural” del sureste de México, y sobre los cuales –según la dependencia– no levantaron la voz.
La secretaría que encabeza María Luisa Albores señaló que en los últimos 30 años esa región del país ha sido objeto de “situaciones graves” a las que consideró como “la verdadera devastación” ambiental, “que no fueron dignas de levantar la voz de quienes hoy se ostentan como defensores del medio ambiente”.
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Ante los distintos señalamientos sobre el impacto negativo al ecosistema en el sureste mexicano por las obras del Tren Maya, la Semarnat aseguró que “el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja en la remediación del desastre socioambiental que permitieron y promovieron administraciones pasadas para perpetuar el beneficio de unos cuantos por encima del bien común”.
En un comunicado, la dependencia enlistó las situaciones cuando hace años inició “la verdadera devastación ambiental":
“Se potenció y fomentó el uso de agroquímicos como el glifosato. Esto, incluso fomentado desde las autoridades y perjudicó a la salud humana y ambiental, ya que los cultivos de organismos genéticamente modificados (el maíz y la soya) se implementan con paquetes tecnológicos basados en agroquímicos", señaló.
“Se dieron permisos para la explotación minera sin considerar los daños al ambiente. La explotación de recursos minerales y pétreos se concedió sin consideración de los daños ambientales que ocasiona, permitiendo que se lleve a cabo también por debajo del manto freático y sus impactos son irreversibles, como sucedió con la empresa Calica, en Solidaridad, Quintana Roo. En 68 Áreas Naturales Protegidas (ANP) terrestres de nuestro país existen mil 862 concesiones mineras con una superficie total de traslape de 1.5 millones de hectáreas, como es el caso de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas”, añadió.
“Se omitió atender el creciente problema de la deforestación y tala ilegal. Históricamente, el sureste ha sufrido por la deforestación, y actualmente se ubica como la región más deforestada del país; de 2010 a 2017 la siembra de soya en el estado de Campeche pasó de 17 mil a más de 40 mil hectáreas. Solo en el municipio de Hopelchén, la superficie destinada a ese cultivo creció de 7 mil a 28 mil hectáreas, es decir 400 por ciento. La tala ilegal de maderas preciosas tropicales se incrementó en los últimos años, de 2000 a 2018, impactando incluso la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la más grande de América Latina”, menciona el texto.
Se permitió la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite, añadió.
“Se autorizaron megaproyectos y obras de infraestructura que dañaron severamente al medio ambiente. Se permitió, e incluso se fomentó, el crecimiento desordenado y exponencial de la infraestructura turística e inmobiliaria en el estado de Quintana Roo, sin ni siquiera plantear medidas de compensación que mitigaran los impactos al medio ambiente. Particularmente en Cancún, Tulum y Bacalar, donde las consecuencias han ido desde la contaminación y privatización de las playas del Caribe Mexicano y el deficiente manejo de residuos sólidos y aguas, hasta la explotación de la riqueza natural, incluso dentro de Áreas Naturales Protegidas”.
La Semarnat aseguró que con el inicio de la Cuarta Transformación “también empezó la remediación de este desastre socioambiental, con programas como Sembrando Vida en el sureste mexicano, que incluye más de medio millón de hectáreas que favorecen la retención y regeneración de suelos, la captación de agua y la absorción de bióxido de carbono".
Además, indicó, por primera vez, se aplica una estrategia interinstitucional e integral contra la tala ilegal, que inició en el estado de Campeche y ha logrado la instalación de puntos de inspección y revisión en lugares estratégicos, lo que evita el transporte de maderas extraídas de forma ilícita.
También se ha logrado un acuerdo histórico con la comunidad menonita; el reconocimiento a las comunidades que cuidan y conservan el medio ambiente; no se ha otorgado ninguna concesión de minería a cielo abierto; y se interponen controversias constitucionales para proteger el medio ambiente, añadió el texto.
La Semarnat reiteró que “con estas y otras acciones, el gobierno de México combate los verdaderos problemas ambientales” que hay en el sureste del país (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo).
Sobre el Proyecto Tren Maya, afirmó que esta obra emblemática “armoniza el desarrollo económico y social con la conservación de los recursos naturales. También es importante señalar que se está impulsando la conservación del territorio a través de la ampliación y creación de Áreas Naturales Protegidas”.
En suma, añadió, representa un proyecto para la justicia social y ambiental en el sureste del país, de la mano de las comunidades. “Las personas de la región quieren y ven en el Tren Maya un camino de esperanza para su bienestar y felicidad en sus propias comunidades, a diferencia de lo que en administraciones anteriores se hacía para perpetuar el beneficio de unos cuantos, por encima del bien común”.
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