Mariana Chávez
A casi un mes de la batalla campal en el estadio Corregidora, entre seguidores de los Gallos Blancos de Querétaro y Rojinegros del Atlas, con saldo de 26 personas heridas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez y el coordinador estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez di Bella, fueron destituidos de sus cargos.
El gobernador Mauricio Kuri González reconoció que hubo “falta de planeación, ausencia de criterio, escasa capacidad de respuesta, medidas preventivas y emergentes que debieron tomarse en un partido de futbol que se convirtió en un espectáculo de horror, salvaje y brutal”.
“Estas responsabilidades recaen en entes privados, pero también en autoridades de seguridad ciudadana y de Protección Civil del gobierno del Estado”, puntualizó el mandatario panista.
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Durante su comparecencia, el 17 de marzo, ante diputados locales, Rodríguez di Bella reconoció que se encontraba en un torneo de pesca en el municipio de Cadereyta cuando se suscitó la trifulca, el 5 de marzo. Tanto él como Contreras Álvarez rechazaron renunciar al puesto por omisiones en materia de seguridad. Ambos consideraron que habían cumplido con su función de garantizarla.
Varias irregularidades
Kuri González indicó que las investigaciones aún no concluyen, pero derivado de la revisión de la cronología de los hechos, de los protocolos y análisis de la norma, determinó separar del puesto a dichos funcionarios.
A raíz de los hechos violentos en el Corregidora, la fiscalía queretana detuvo a 32 personas, realizó 46 cateos, revisó 400 videos y cesó a cinco funcionarios de segundo y tercer niveles. A la empresa de seguridad privada GSEK9 le cancelaron los contratos.
En su comparencia ante el Congreso, Contreras Álvarez y Rodríguez di Bella afirmaron que la directiva de Gallos Blancos mintió por escrito que 400 personas de la empresa de seguridad privada estarían en el estadio, ya que sólo se presentaron 280, lo que no fue corroborado por protección civil, que autorizó iniciar el partido.
Otra irregularidad fue que la directiva del club Querétaro se comprometió a vender mil 200 boletos a la porra visitante, pero vendió más; además, algunos policías estatales no fueron profesionales, lo que provocó que tanto la seguridad privada como la pública fueran rebasadas durante la batalla campal.
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