Dos ex gobernadores de NL tienen concesionados seis pozos de agua

Raúl Robledo

Los ex gobernadores de Nuevo León Jorge Treviño Martínez (1985-1991) y Jaime Rodríguez Calderón (2015-2021), el primero priísta y el segundo independiente, tienen respectivamente cuatro y dos concesiones para operar pozos en inmuebles de su propiedad, aseguró Raúl Rubio, investigador y uno de los activistas que forma parte de colectivos en defensa del agua.

El también investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó que se tiene documentado que Treviño Martínez tiene cuatro veneros en su residencia ubicada en San Pedro Garza García, el municipio más rico del país y que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey.

En tanto, Jaime Rodríguez Calderón, preso en el penal de Apodaca acusado de abuso de autoridad y uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2018, tiene permisos para operar dos pozos.

En este contexto, integrantes de 21 colectivos defensores del agua en Nuevo León advirtieron que no bajarán la guardia y serán vigilantes del proceso de cancelación de 2 mil 689 concesiones de un total de 12 mil existentes en Nuevo León, que son utilizadas para uso industrial agropecuario y doméstico en exclusivas zonas residenciales

En una reunión con personal de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), los activistas señalaron que el organismo federal sólo cuenta con dos inspectores en la entidad para realizar este proceso, por lo que estarán atentos a que se proporcionen los nombres de particulares y empresas que dejarán de contar con una concesión y que esta medida se cumpla.

José Múzquiz Zermeño, integrante de Piensa Verde Nuevo León, dijo que una vez que la Conagua cancele las 2 mil 689 concesiones podrá incorporar esas fuentes de agua a la red metropolitana.

“Estamos tratando de fortalecer las finanzas estatales al pretender que más usuarios se integren a la red de distribución, ya que los precios son muy distintos: el metro cúbico industrial en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey cuesta 45 pesos y en Conagua sólo 9 pesos; entonces llegarían más ingresos a las arcas estatales para poder enfrentar todas las necesidades de infraestructura”, planteó.

Agregó que los colectivos seguirán en su lucha de pedir a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y al gobierno del estado, encabezado por Samuel García, que se hagan cambios en la ley para modificar los procesos industriales, que siguen utilizando agua potable.

“Por ejemplo, las pedreras siguen utilizando agua potable para regar las piedras, y lo que pretendemos es que se haga con líquido tratado o reciclado”, subrayó.

En cuanto al proceso de extinción de la concesiones, comentó que, según funcionarios de Conagua, tardará entre seis y ocho meses. “Como ciudadanos, estaremos vigilantes y trabajando de la mano con ellos para buscar que se haga lo más pronto posible”.

Consideró “una gran e inédita victoria ciudadana” el anuncio de la extinción de 2 mil 689 concesiones, “lo que demuestra que cuando sociedad civil e instituciones gubernamentales trabajan en conjunto las cosas suceden. Ahora vamos a tener más agua para abastecer a toda la gente”, destacó. Asimismo, Múzquiz Zermeño reconoció la apertura de los funcionarios de Conagua para atender sus peticiones.

No obstante, manifestó que falta mucho por hacer, pues “el consumo humano todavía no es prioritario, ya que los ciudadanos siguen sufriendo cortes en el suministro, mientras concesionarios industriales y agrícolas tienen disponibilidad de agua en todo momento”.

Blanca Montemayor, del colectivo del Huajuco, precisó que hay 9 mil 734 títulos, “pero no es la cantidad de pozos existentes, pues algunas concesiones tienen tres o más pozos por cada título”.

Exhortó a la Conagua a “gestionar y concientizar sobre la necesidad de reducir el consumo del líquido, no sólo entre los usuarios domésticos, así como buscar cambios en la ley para ahorrar agua potable tanto en los procesos industriales, como en los agrícolas, comerciales y de servicios”.

En la reunión estuvieron los activistas Argelia Montes, presidenta de Tribuna Ciudadana de Vigilancia; Alfonso Robledo Leal, de Nuevo León Sustentable, y Alfredo González González, de Evolución Mexicana, quienes fueron atendidos por Juan Gabriel Riestra Beltrán, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua en Nuevo León.

Edición: Ana Ordaz