Especial: Lucha vigente
La pobreza en México se produce desde el sistema laboral. El año 2021 cierra con niveles alarmantes de pobreza laboral: 33 millones de personas trabajan y carecen de ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas. Dos tercios de la población ocupada (66.6 por ciento) y 34.5 millones de personas ocupadas carecen de afiliación al Seguro Social; esto es, seis de cada 10 personas ocupadas (61 por ciento).
Estas dos carencias niegan sistemáticamente el derecho al trabajo digno establecido en la Constitución. Estas mismas carencias son las variables más altas en la medición de la pobreza. El trabajo se convierte en fábrica de pobreza, en lugar de ser la puerta de salida.
La causa de esta realidad estructural de pobreza laboral es que durante muchos años se ha promovido la creación de empleo sin importar su calidad:
Los salarios quedaron deprimidos por la etapa de inflación y no han recuperado su valor. El salario mínimo perdió 70 por ciento de su valor entre 1976 y 1996. Muchos de los trabajos creados en los últimos años son de bajos salarios. Entre 2012 y 2018 se perdió casi un millón de trabajos bien remunerados, con ingreso superior a cinco canastas básicas (19 mil 585 pesos). A fines de 2021, sólo el 4.4 por ciento de la población ocupada tiene trabajos bien remunerados.
Muchos de los “trabajos del futuro”, por ejemplo, los empleos en empresas basadas en plataformas tecnológicas, se presentan como trabajos independientes, con horario flexible y autonomía. En realidad, estos modelos de negocio evaden el pago de salarios fijos, pues pagan “por comisiones”, y sobre todo evitan el pago del Seguro Social, prestaciones y contratos estables con obligación de indemnización por despido, pues no reconocen la relación obrero-patronal.
La contratación temporal y la falta de contrato siguen afectando a más de la mitad de quienes tienen trabajo asalariado y subordinado (52 por ciento, es decir 18.6 millones de personas). Pese a la reforma para erradicar el outsourcing abusivo, aún no se percibe un cambio claro en esta condición que viola derechos laborales y coloca en la indefensión a los trabajadores.
La exclusión de las mujeres sigue estando entre las mas altas de América Latina y la OCDE. La tasa de desempleo de las mujeres es casi el doble (20 por ciento contra 11 por ciento) que los hombres, afectando a 5 millones 530 mil mujeres que buscan trabajo o están disponibles y listas para trabajar. La exclusión también afecta a 14 millones 500 mil mujeres que no están disponibles para trabajar, pues lo hacen sin remuneración en labores domésticas y de cuidado.
Los trabajos que son fábricas de pobreza por bajos salarios y falta de Seguro Social son una realidad generalizada y estructural de toda la economía y el sistema laboral. La precariedad es mucho más aguda en los estados del sur-sureste y en las unidades económicas micro y pequeñas. Sin embargo, también está presente en la gran y mediana empresa, donde la mitad de las personas carecen de salario suficiente (46 y 53 por ciento respectivamente). O en los sectores económicos más dinámicos y rentables, como los bancos y aseguradoras y los corporativos empresariales. Esto es muy grave e inaceptable.
Este 1 de mayo se hace aún más urgente el llamado a las autoridades y al sector privado a colocar los derechos laborales al centro del modelo económico. No puede haber reducción de la pobreza sin recuperación salarial.
Edición: Ana Ordaz
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