En el retraso de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha identificado algunas resistencias de quienes operan la terminal, que es una especie de boicot, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Me están echando la culpa a mi del tiempo que tardan los pasajeros por los cambios que se están llevando a cabo. Viene de arriba”.
Durante su conferencia de prensa, sostuvo que estas prácticas para generar inconformidad entre usuarios se asocia a quienes forman parte del grupo que planeaba grandes negocios en el proyecto del aeropuerto de Texcoco.
“Se quedaron molestísimos ellos, sus voceros, achichincles y sus servidores del conservadurismo. Quieren que nos salgan mal las cosas. Hay una campaña echándonos la culpa de que si hay saturación, si no se atiende pronto a los pasajeros, si se les mantiene una o dos horas, es culpa del gobierno”.
López Obrador hizo una larga intervención en torno a espacios donde se han detectado prácticas de corrupción, resistencias del pasado a limpiar la operación de algunos organismos como Caminos y Puentes Federales o en las aduanas que hay en el país. Aseveró que en este último caso, es un tema fundamental porque nada más por esta vía ingresan a las arcas públicas un billón de pesos al año.
Subrayó que se detectaron irregularidades importantes ahora que se trasladó su administración a las secretarías de la Defensa Nacional y a Marina. Detalló que desde que llegó este gobierno revisaron el funcionamiento de los equipos supuestamente de alta tecnología que se adquirieron a precios muy elevados, además de que su operación estaba concesionada con contratos de 2 mil o 3 mil millones de pesos.
Se les sugirió que redujeran el costo del contrato, al punto que se estableció hasta 300 millones de pesos, “lo que querían era tener control porque se decidía cuándo se ponía en verde y pasaba todo. No les importaba cobrar por el servicio si cobraban por lo otro”.
El gobierno federal trabaja en el proyecto de transformar a Telecomunicaciones de México (Telecomm) en la Financiera del Bienestar que será una institución pública para entregar créditos a la palabra y Tandas para el Bienestar, anunció el presidente López Obrador.
En su conferencia matutina, dijo que hoy Telecomm cuenta con alrededor de mil 700 sucursales por todo el país y esta estructura se aprovechará para hacer llegar estas opciones financieras a diversas comunidades.
La institución, aclaró, seguirá con los giros y telegramas –que actualmente realiza Telecomm—, pero además ya está recibiendo remesas de los migrantes (a comisiones más bajas que empresas de envío de dinero), y, dijo, se le fortalecerá para que las pueda seguir recibiendo.
Pero a la vez, “va a recibir ahorros, y al mismo tiempo va a entregar créditos. Va a ser la única institución pública para entregar los créditos a la palabra y las Tandas para el Bienestar y ahí vamos a crear un centro de atención a migrantes que quieran regresar” al país tras años trabajando del otro lado de la frontera.
“Ya tenemos todo, es cuestión de tiempo, estamos trabajando en eso”, comprometió López Obrador.
A esto se sumarán los trabajos que ya realiza el Banco del Bienestar, a fin de que sean complementarios.
“El Banco del Bienestar está creciendo cada vez más, va a tener cerca de tres mil sucursales hasta en los pueblos más apartados para que la gente pueda cobrar lo que por justicia le corresponde de pensiones y becas y se ha estado avanzando, pero en éste queremos que se dedique en una primera etapa que se consolide como un banco para la dispersión de recursos”.
El gobierno federal informó que “hay elementos sólidos” para avanzar en la judicialización contra los presuntos responsables del asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón, el sábado pasado en San Pedro Cholula, Puebla; del mismo modo, anunció que en el caso de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa –cuya muerte apunta a feminicidio— en Nuevo León se decidió solicitar la exhumación del cuerpo de la víctima para la aplicación de más peritajes forenses.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, presentó también algunos de los avances en los procesos judiciales por los asesinatos de nueve periodistas en lo que va del año.
Sobre el asesinato de la abogada Monzón, en Puebla, el subsecretario Mejía dijo que el gobierno federal tiene comunicación permanente para colaborar con las autoridades del estado.
“Continúan los peritajes y análisis de las videograbaciones, telefonía y entrevistas. Ya hay elemento sólidos para avanzar en la judicialización en contra de los autores materiales”, apuntó.
En el caso de Debanhi, el funcionario detalló que tras la colaboración de la Federación con las autoridades de Nuevo León, para revisar de manera exhaustiva el asunto y poder esclarecerlo, se realizó el sábado una reunión interinstitucional en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde se analizaron los distintos peritajes e información con la que se cuenta.
Derivado de ese encuentro, dijo, se acordó que “para dar certeza (al caso) se pueda realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y peritajes necesarios”.
Para ello, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo “a efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte”.
Esto debido a que en dos análisis de la necropsiase arrojan resultados distintos. En el que hizo la Fiscalía local se descarta el feminicidio y la agresión sexual; mientras que una independiente aplicada a solicitud de los padres de la víctima, se concluyó lo contrario.
López Obrador, reconoció este jueves que el pasado martes fue uno de los días “más difíciles” en el país respecto al tema de homicidios.
“Acabamos de tener, anteayer, un día de los más duros, difíciles, con 118 homicidios. Afortunadamente hoy ya fueron 65”, dijo.
El martes se registró el día más violento del año y el segundo con más homicidios dolosos de todo el sexenio de López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre de 2018.
En uno de los hechos violentos de ese día, un ataque armado en un hotel y un bar aledaño ubicados en el céntrico estado mexicano de Guanajuato dejó como saldo al menos a 11 personas muertas.
Pese a ello, López Obrador descartó que su Gobierno deba hacer ajustes en la estrategia de seguridad, pues consideró que “se ha avanzado”, aunque reconoció que es un tema muy complejo.
Ante la inminente extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a Estados Unidos, para enfrentar cargos de espionaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su ofrecimiento de dar asilo al ciberactivista y demandó no actuar por consigna en su contra.
En la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario fue interrogado sobre el caso Assange, luego de un largo proceso en el que la justicia británica abrió la puerta para su extradición en abril pasado.
“Estamos a favor de que se le libere, porque es un perseguido político. Es un acto vergonzoso de que a una persona que da a conocer información valiosa, porque en esa información hay actos de corrupción, delitos cometidos entre gobiernos, todo lo que la élite lleva a cabo en secreto, de repente sale por una investigación que ellos hacen y se castiga al que presenta esa información, porque supuestamente está violando temas confidenciales”, enfatizó el presidente.
Por encima de todo ello, subrayó, debe estar la esencia de la denuncia –acreditada por la información revelada por Assange—, lo que, dijo, mostró la “gravísima intromisión” de asuntos de gobierno y de todo tipo (por parte de Estados Unidos).
“Se le condena al periodista, ya deberían darle su libertad y nosotros, si él lo desea, sus familiares, sus abogados y amigos, podría tener asilo en nuestro país. Esa es nuestra postura y si hay relación, pero va a depender de ellos. Ojalá y se tomen en cuenta todos los elementos y que no se actúe por consigna en ningún caso, que prevalezca la justicia”, señaló López Obrador.
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Aun cuando se han dado a conocer ya los nombres de los funcionarios de la filial de Petróleos Mexicanos PMI Comercio Internacional que recibieron sobornos de la empresa Vitol para favorecer operaciones de esta empresas transnacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que continúan las auditorías para conocer a fondo lo sucedido.
Recordó que dicha empresa fue juzgada y procesada en Estados Unidos por operaciones irregulares.
En el juicio la firma reconoció que en México habían entregado sobornos a funcionarios de Pemex. En el proceso en Estados Unidos hubo un acuerdo entre las partes, pero en México el gobierno federal condicionó la actividad de la empresa al aceptar la reparación del daño y con la exigencia adicional de que se revelaran los nombres de quienes recibieron el soborno.
“Pensaron que si se reparaba el daño era más que suficiente y les exigimos que queríamos saber quiénes eran las personas que habían recibido dinero. Se cancelaron operaciones hasta que no se cumpliera con la petición”, dijo.
López Obrador precisó que se presentó una nueva denuncia a partir de esta información, que ya está en la Fiscalía General de la República.
Una vez que se efectúen las seis elecciones locales se retomará el debate sobre la reforma electoral que se requiere el país para que la población conozca las propuestas y se discutan a diferencia de lo que sucedió en el pasado con reformas trascendentales como la energética o la educativa, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su conferencia, cuestionado sobre el contenido de las propuestas de la oposición, López Obrador no se refirió específicamente pero cuestionó las posturas que adelantan la defensa del Instituto Nacional Electoral cuando, según dijo, no va a desaparecer. Podrá cambiar de nombre pero será un organismo autónomo el que mantendrá la organización de los comicios “pero tiene que ser manejado por honestos” porque los avances en materia democrática no obedece a estos institutos, sino al pueblo de México.
Refirió que recientemente se conoció que “un dirigente que recibió no sé cuántos millones de pesos y el INE no dice nada, ni el Tribunal. Es posible que alguien haya presentado una denuncia, pero aún sin denuncia, son cuestiones que se deben seguir de oficio. ¿Qué autoridades hay?”.
A pregunta expresa sobre la denuncia presentada por el PRI contra el involucramiento del canciller, Marcelo Ebrard, de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaun y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López en las elecciones locales, declinó pronunciarse al respecto. “No quiero opinar mucho sobre el tema, estamos en vísperas de seis elecciones, no deja de haber nerviosismo y los partidos están en lo suyo. Hay que tenerle confianza al pueblo”, dijo.
Edición: Emilio Gómez
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