Un juez de control del Poder Judicial de Chihuahua vinculó a proceso penal al ex priista César Horacio Duarte Jáquez (2010-2016) en el primero y único proceso penal abierto en su contra hasta esta fecha y que pasará a la etapa de investigación complementaria.
La defensa había pedido desechar como pruebas información bancaria y declaraciones de por lo menos dos testigos protegidos que señalaron transferencias ilegales de 96.6 millones de pesos que Duarte hizo de las arcas públicas hacia sus empresas, ranchos e incluso a su cuenta de nómina personal.
Los testigos, que por información pública se conoce fungieron como secretarios de Hacienda en la gestión 2010-2016, refieren que el exmandatario les dio instrucciones para entregar supuestos subsidios y apoyos económicos a favor de la Unión Ganadera Regional División del Norte y de la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) Financiera División del Norte, pero quien cobró dichos recursos fue Carlos Hermosillo Arteaga, prestanombre de César Duarte.
La Fiscalía refirió 17 transferencias de recursos públicos a través de once procedimientos administrativos simulados, por un monto de 64.6 millones de pesos que fueron transferidos a la Unión Ganadera División del Norte, y por 32 millones de pesos a la Sofom División del Norte, de ésta última Duarte era socio fundador, presidente del consejo directivo y contaba con 98 por ciento de las acciones A y 93 por ciento de las acciones B, al mismo tiempo que era gobernador de Chihuahua.
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Destacó que, en noviembre del año 2014, la Secretaría de Desarrollo Rural estatal dio a la Unión Ganadera División del Norte un apoyo de 5.5 millones de pesos para la compra de avena, los recursos fueron triangulados a la Sofom División del Norte “y de ahí se depositaron a una cuenta personalísima de nómina perteneciente a César Duarte, quien pagó 3 millones 105 mil 364 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de sus impuestos como persona física”.
La defensa rechazó los cargos, con el argumento de que Duarte no controlaba las cuentas bancarias del gobierno estatal, y los responsables eran los secretarios de Hacienda, por lo tanto sus declaraciones en calidad de testigos protegidos, deben desecharse, “ellos fueron los verdaderos delincuentes, que al verse descubiertos optaron por repartir culpas y fueron corrompidos a través de arrebatar declaraciones falsas”.
Los abogados del exgobernador hicieron referencia a publicaciones en periódicos sobre supuestos actos de tortura que sufrieron los testigos protegidos, “es un hecho público las denuncias de la violación de derechos fundamentales (tortura) que señalan al integrante del ejecutivo (Javier Corral) de la anterior administración”. El juez de control rechazó este argumento, pero ordenó que la Fiscalía “realice una investigación exhaustiva para establecer si verdaderamente ocurrieron tales hechos”.
El abogado de Duarte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, y quien ha defendido también al ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, comentó a reporteros que su cliente “no tiene nada que devolver porque no se robó nada, él no tiene nada que reparar porque no se robó nada y está perfectamente acreditado”.
Respecto a las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles, sobre pedir información del proceso judicial contra el ex gobernador de Chihuahua, a fin de no actuar como “alcahuetes y que se haga justicia”, el abogado Ricardo Sánchez evadió responder, “no me quiero meter con Sansón a las patadas, no me quiero meter a la parte política, yo estoy aquí para ponerle frío al asunto y no calor”, dijo.
Edición: Laura Espejo
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