La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “la incesante violencia” contra la prensa en México y el asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija, quien se encontraba con él al momento del ataque, el 29 de junio pasado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Consideró que las acciones emprendidas por el Estado hasta la fecha han resultado insuficientes e ineficaces para detener el incremento de asesinatos y ataques físicos contra trabajadores de prensa, e insistió en la necesidad apremiante de que, de forma complementaria a las medidas en curso, las autoridades federales activen acciones urgentes para la prevención de la violencia contra comunicadores.
En un comunicado, refirió que en el primer semestre de 2022, la violencia letal contra los periodistas en México “ha tomado dimensiones estremecedoras y se ubica como el más mortal para la prensa, con saldos equiparables a situaciones de conflictos armados abiertamente declarados”. Indicó que entre el 10 de enero y el 29 de junio se han reportado los asesinatos de 12 comunicadores, en tanto que la Secretaría de Gobernación informó a la RELE que únicamente cuenta con el registro de diez asesinados durante ese periodo.
La Relatoría destacó que el contexto de violencia contra la prensa en México comprende, además, un escenario creciente de amenazas de muerte e intimidaciones contra periodistas y sus familiares, lo que ha conducido a un temor generalizado del gremio a reportar sobre temas sensibles como narcotráfico, corrupción o crimen organizado.
Afirmó que el hecho de que la violencia se extienda, cada vez con mayor frecuencia, a familiares de periodistas pone de manifiesto la degradación severa de las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo, y pone en cuestionamiento la vigencia del Estado de Derecho para quienes ejercen el oficio en México.
Al respecto, indicó que es fundamental que el Estado tenga en cuenta esta perspectiva en el desarrollo de medidas de prevención, por ejemplo, garantizando que los familiares de periodistas en situación de riesgo también puedan ser beneficiarios de medidas de protección a su vida, integridad y libertad de expresión.
Expuso estos hechos se insertan “en un contexto de hostilidad y de un temerario maltrato por parte de funcionarios y líderes públicos hacia la prensa, lo que atenta contra su integridad y aumenta el riesgo inherente a su labor”. Puntualizó que este tipo de señalamientos estigmatizantes han provenido de autoridades de gobierno como así también de dirigentes de diversos sectores políticos, y entre ellos puso como ejemplo los comentarios del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien habría señalado que a los periodistas "no hay que matarlos a balazos (…) hay que matarlos de hambre".
La RELE expuso que frente al escenario de escalada de violencia contra periodistas en México, resulta crucial que el Estado brinde una respuesta contundente y proporcional a la gravedad de los hechos, que debe incluir el rechazo enfático de las autoridades al más alto nivel frente a todo tipo de ataques e intimidaciones contra quienes ejercen la función periodística, y el reconocimiento de dicha labor por su contribución a la vida democrática.
En este sentido, recordó que si bien a través de diversos pronunciamientos ya ha formulado recomendaciones al Estado enfocadas en tomar acciones institucionales urgentes para responder a este fenómeno, y a prevenir la violencia contra periodistas evitando discursos estigmatizantes y enviando mensajes de respaldo a su labor, observa con preocupación que estos llamados no han contado con la suficiente reflexión, atención y prioridad que amerita una situación como esta de parte de las autoridades.
Consideró que la función de observancia de derechos humanos por parte de la comunidad internacional –particularmente sobre la situación de periodistas y comunicadores— es esencial a fin de aunar esfuerzos y animar a una reflexión constructiva.
Edición: Laura Espejo
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