Alonso Urrutia y Emir Olivares
El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que hay elementos para que la Fiscalía General de la República (FGR) desista de las acusaciones contra Israel Vallarta –quien fue torturado en el caso Cassez/Vallarta— y enfatizó que, en numerosas ocasiones, él advirtió que en este país no pasaba nada en materia de seguridad sin que Genaro García Luna no lo supiera; hoy, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública es juzgado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Vallarta y la ciudadana francesa Florence Cassez fueron detenidos en diciembre de 2005 por la extinta Agencia Federal de Investigación, entonces encabezada por García Luna, acción que se transmitió en vivo en noticiarios televisivos y que a la larga se mostró que se trató de un montaje.
“Sí hay elementos suficientes pedir a la Fiscalía que se desista, y sí hay forma, siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo; ese es un procedimiento, eso en 24 horas se resuelve, pero se va dejando, se va dejando y va transcurriendo el tiempo”, señaló en su conferencia matutina de este lunes al ser abordado por el tema, que cobra relevancia a propósito del estreno de la docuserie El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, en Netflix.
Como lo había dado a conocer hace ya varios días, dijo que encargó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, trabajar entre otras cosas para acelerar la liberación de quienes son inocentes o fueron acusados a partir de prácticas de tortura.
“Hoy tratamos ese tema –en la reunión del gabinete de seguridad— y le estoy dando el encargo a Rosa Icela Rodríguez, lo que quiero es que ella se dedique, tiene otras tareas, pero esta en especial, que se dedique a reparar daños, a que los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, que los libere de inmediato y que si va a encontrar muchos obstáculos, pero si se actúa con perseverancia y Rosa Icela sabe hacerlo, vamos a avanzar mucho”.
Es tal la complejidad y burocratismo del sistema de justicia, advirtió, que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no ha logrado liberaciones de personas inocentes.
“Hoy decía en la mañana, y estimo muchísimo al presidente de la Corte, no es un asunto personal, lo considero un hombre íntegro, que fue a una visita a un reclusorio hace como un mes y habló de una persona (refiriéndose a Vallarta) que iba a hacerse cargo de que saliera, y no ha salido… y es el presidente de la Corte”, enfatizó.
En este mismo contexto, López Obrador criticó el burocratismo que existe entre los impartidores de justicia del país. Debido a esto, reconoció, su gobierno no ha podido liberar a quienes están injustamente tras las rejas.
El mandatario federal destacó que los dos secretarios de Gobernación que han estado en el cargo durante su administración, Olga Sánchez Cordero y actualmente Adán Augusto López, no han podido concretar la liberación de los inocentes que están en prisión.
“No somos iguales, porque eso se terminó (la tortura). Y lo que dicen es que los torturados todavía no salen, van a salir, pero dicen algo que es cierto: que no han podido dos secretarios de Gobernación, ya del gobierno nuestro, sacar a quienes están ahí y está demostrado que fueron torturados y es cierto, porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos. Además también no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia. Se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia, (pero) hay todavía mucho burocratismo”.
Lamentó que los medios y otros espacios no se hable que en México, durante su mandato, ya no se dan las prácticas de tortura para incriminar a personas en la comisión de delitos.
El titular del Ejecutivo federal indicó que esto se da en parte por la decadencia generada a partir de las prácticas, que en muchos casos aún persisten, de la falta de oficio de los jueces, o que no estudian bien los expedientes e inclusive que los fines de semana no hay justicia, pues ésta se administra de lunes a viernes.
En el marco del inicio del nuevo ciclo escolar, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que contrariamente a los "corruptos irresponsables" del pasado que intentaron privatizar la educación a la que veían como un privilegio, su gobierno la concibe como un derecho. Durante su conferencia aseveró que en este sexenio se ha impulsado una nueva visión del sector con base en la dignificación de los maestros; becas universales para garantizar el acceso a la educación a los sectores populares y nuevos contenidos acordes con la realidad actual.
López Obrador agradeció a la maestra Delfina Gómez su paso por la Secretaria de Educación Pública que -dijo- permitió consolidar los cuatro ejes que rigen la política educativa. En primera instancia, criticó la estigmatización del gobierno pasado y con la pretensión de consolidar la privatización educativa iniciada desde Carlos Salinas, y crecieron mucho las escuelas privadas.
Sin embargo, en un país con tanta pobreza no podía seguir creciendo porque las familias no tienen para pagar la educación, señaló: "El Estado está obligado a garantizar la educación, porque ahí está la diferencia considerar que la educación es un privilegio o un derecho".
Esta visión se complementa con el programa de becas para los estudiantes, con especial énfasis en los que estudian la educación media superior, porque es la edad donde se registran mayor número de deserciones, apuntó.
En paralelo, la revisión de los planes de estudio para incorporar los nuevos avances científicos y un mayor contenido humanista, es decir "todo aquello que nos haga más humanos más fraternos".
Lo tercero, darle mantenimiento a las escuelas porque en el pasado -asegura- hubo mucha corrupción. "Se hablaba de introducir pizarrones electrónicos y se robaban el dinero, bebederos en escuelas, se robaban el dinero. Ahora es diferente, se entrega directo a los padres. Estamos llegando a más del 60 por ciento de los planteles".
Finalmente destacó la importancia de las normales rurales "porque querían desaparecer todas las normales rurales que pudieron. ¿A dónde podía estudiar un hijo de campesino, de una familia pobre? En una normal, en Chapingo. Es garantizarles el derecho a la educación".
Delfina Gómez defiende el plan de estudios
Por su parte, la aún titular de la SEP defendió el nuevo plan de estudios de Educación Básico, señalando que no se trataba de una "ocurrencia".
“No es de alguna ocurrencia como algunos medios he escuchado o he leído. Es producto de un trabajo que ha sido gracias, no sólo de maestros frente al grupo, sino expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños, diferentes secretarías que integran el gabinete”, dijo.
De cara a la sucesión presidencial, a pregunta expresa sobre la posibilidad de que sea una mujer quien obtenga el cargo, el presidente López Obrador sostuvo que "puede ser hombre o mujer" eso lo determinará en su momento la gente cuando se pronuncie por quién sería el siguiente gobernante. "Nada más que no voy a inclinarme por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta o las encuestas y se sepa quién está mejor visto por el pueblo. A ese voy a apoyar hombre o mujer".
Sin abundar más en el proceso sucesorio, enfatizó en que equidad es igualdad "no es nada más mujeres. Antes equidad era casi sinónimo de todo para las mujeres, todo para las mujeres, pero no equidad, es igualdad mujeres y hombres".
López Obrador garantizó que no habrá impunidad para los responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa y para quienes encubrieron los hechos suscitados en septiembre de 2014.
Ante las voces que han advertido que no se tocará al ex presidente Enrique Peña Nieto ni al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, el mandatario federal subrayó: “Espérense”, pues dijo que la investigación no se ha cerrado.
“No va a haber impunidad, todos los que participaron van a ser juzgados”, señaló el jefe del Ejecutivo federal durante la conferencia mañanera de este lunes a preguntas sobre los hechos de la llamada Noche de Iguala –cuyos hechos se dieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, y días subsecuentes— y del reciente informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), que concluyó que hubo colusión y encubrimiento en las más altas esferas del gobierno de Peña Nieto y calificó los sucesos como crimen de Estado.
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“El caso de Ayotzinapa es otro de estos casos lamentables, este de abuso de autoridad, de mal gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias. Y se le va a dar continuidad, es un compromiso que hicimos con los padres y con el país, y ya se está actuando”, expresó el mandatario.
Destacó que el informe de la Covaj advierte de dos momentos: “Lo que pasó cuando detienen a los muchachos en Iguala y los distribuyen a distintas partes y de acuerdo al informe los asesinan y de conformidad con la investigación se sabe quiénes participaron. Todos los que participaron y no va haber impunidad, todos los que participaron va a ser juzgados”.
Indicó que hay órdenes de aprehensión contra muchos de los que se ubican como responsables, otras se han aplicado y quedan algunas pendientes, e inclusive hay quienes ya están detenidos, como el caso del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien jugó un papel preponderante para concluir en lo que él mismo llamó la verdad histórica; además que se tienen incluidos a elementos del Ejército.
Edición: Emilio Gómez
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