Raúl Robledo
A 11 años del incendio provocado por el cártel de Los Zetas en el Casino Royale, donde murieron 52 personas, autoridades de los tres niveles de gobierno ofrecieron una disculpa pública a los familiares de las víctimas.
En el Laboratorio Cultural Ciudadano, donde se realizó el acto, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que en aquel suceso “de terror y barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad, a la integridad física y la seguridad personal, en agravio de al menos 63 personas (52 fallecidos y 11 lesionados), de sus familias y de toda la sociedad de nuestro país”.
El funcionario destacó que no se trata solamente de atender una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino fundamentalmente de una acción de justicia en memoria de quienes perecieron el 25 de agosto de 2011 y para pugnar por que se castigue plenamente a todos los responsables.
Luego de entregar rosas blancas a los deudos, Javier Navarro, secretario general de Gobierno de Nuevo León y quien acudió en representación de la administración estatal, aceptó que “no existe palabra alguna que pueda mitigar su pérdida; el dolor no se puede desvanecer. Repudiamos enérgicamente el acto de barbarie y nos indigna la falta de seguridad pública y de vigilancia”.
El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la disculpa pública en nombre del ayuntamiento. “Resulta evidente que existió una grave falta de coordinación entre desarrollo urbano de Monterrey y Protección Civil del estado.
“Esa falta de atención y descuido derivaron en una tragedia, así como en el atropello de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la legalidad, la seguridad personal y la integridad física.
“El gobierno les pide perdón mil veces porque no investigaron para saber la verdad y miraron a otro lado; perdón porque no persiguieron a los culpables y los dejaron libres, porque no les dieron la cara a ustedes, porque se escondieron”, añadió.
Samara Pérez Muñiz, vocera de los familiares, recalcó que esta ceremonia se realiza apenas 11 años después de la tragedia, porque en otros gobiernos lo sucedido era un tema político y, por ello, intocable.
“Al gobernador del estado… Ah, no se encuentra –dijo en tono irónico en alusión al emecista Samuel García Sepúlveda–. Deberíamos verlo e interrogarle: ¿dónde está nuestro nuevo Nuevo León?”
Pérez Muñiz reprochó que en todo este tiempo el único cambio que ha habido en las salas de juego o apuestas es que no se puede fumar. “Hay que capacitar al personal, que las alfombras cuenten con luces de emergencia, que haya señalamientos claros. Necesitamos cambios muy puntuales en la ley”, demandó.
Edición: Ana Ordaz
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