Los diputados federales del PRI y PAN por el estado de Nuevo León presentaron ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) una denuncia en contra del gobernador de esta entidad, Samuel García Sepúlveda, por impedir y retrasar la entrega de recursos estatales a 25 municipios, así como embargar sus cuentas bancarias en contravención de la Constitución.
Pidieron a la ASF emprenda la correspondiente acción por los actos irregulares denunciados y se sirva rendir un informe a la Cámara de Diputados para conocimiento de dicho órgano legislativo federal, así como promover las acciones legales que en su caso correspondan con el objeto de fincar las responsabilidades administrativas, penales y políticas, a que haya lugar, en contra del mandatario.
Expusieron que García Sepúlveda actuó en contra de la legalidad, de forma dolosa, temeraria y arbitraria con fines meramente políticos contra esos municipios, pues a la fecha no les ha efectuado las transferencias de recursos públicos correspondientes a aportaciones federales del Ramo 33 de Infraestructura, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), relativos a la seguridad.
Aunado a ello, el 31 de octubre pasado, el mandatario estatal requirió a las municipalidades el pago inmediato de un supuesto incumplimiento por concepto del impuesto sobre nóminas, y el día 3 de noviembre, ordenó el embargo de las cuentas bancarias, de ahorro, cheques e inversión, fideicomisos y cajas de seguridad de dichos municipios.
Los municipios afectados son los de Guadalupe, Dr. Arroyo, Dr. González, Galeana, Hualahuises, Iturbide, Aramberri, Agualeguas, Montemorelos, Santiago, Bustamante, General Bravo, General Treviño, Higueras, Lampazos de Naranjo, Linares, Parás, Pesquería, Rayones, Apodaca, Juárez, Allende,E Santiago, Cadereyta Jiménez y San Nicolás de los Garza.
Entre los diputados que suscribieron la denuncia pública se encuentran María de Jesús Aguirre, Karina Barrón, Andrés Cantú, Juan Francisco Espinoza, José Luis Garza Ochoa; y por el PAN, Héctor Castillo, Wendy Cordero, Annia Gómez, Mariana Mancillas, Víctor Pérez y Pedro Salgado.
En un comunicado, los legisladores estimaron que con esas decisiones del gobernador el Estado queda en inoperancia, al recordar que a los municipios les corresponde administrar y suministrar los servicios básicos que requiere la ciudadanía.
Edición: Laura Espejo
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