Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Por cuarta ocasión se pospuso la discusión del dictamen de la Comisión de Salud para la regulación y prohibición gradual de los plaguicidas como el glifosato, que se había acordado votar este miércoles, debido a que ayer, de forma sorpresiva, quienes desde Morena han objetado ese proyecto presentaron una nueva iniciativa que, de entrada, eleva el plazo para erradicar los llamados agrotóxicos a tres años.
Ello, en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López, del 31 de diciembre del 2020, en que se estableció que el glifosato y demás plaguicidas altamente peligrosos (PAP) deberían ser sustituidos de forma progresiva, hasta su prohibición en enero de 2024.
La morenista Nancy Sánchez Arredondo, presidenta de la Comisión de Agricultura, presentó ante el pleno del Senado la reforma a la Ley de Salud y a cinco ordenamientos más en materia ambiental, que avalan también el coordinador Ricardo Monreal, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, así como Adolfo Gómez, Rosa Elena Jiménez y Arturo Bours.
La propuesta “recoge las inquietudes expresadas en el Parlamento Abierto en Materia de Plaguicidas, Fertilizantes y Bioinsumos, que se llevó a cabo el 26 de octubre pasado”, expuso en tribuna la senadora Sánchez Arredondo, pero en realidad hace cambios en el sentido en que han venido presionando en las últimas semanas los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), las trasnacionales y el titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, sobre todo en el plazo para prohibir en definitiva la importación y uso de estos herbicidas altamente peligrosos.
Aunque la presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdez, y la senadora Ana Lilia Rivera, autora de la iniciativa discutida los pasados dos meses, habían aceptado modificar el dictamen, entre ellos no cerrar en definitiva el plazo para prohibir los PAP en enero de 2024, sino posibilitar que en esa fecha se valorara el proceso de sustitución, el nuevo proyecto de Morena establece 36 meses.
Además, elimina de la definición que son de “alta toxicidad” y sólo permite que sean sustituidos por bioinsumos producidos por la industria dominada por cuatro trasnacionales.
Tal como lo planteó el secretario de Agricultura, en la iniciativa se da un plazo a la Secretaría de Salud “que no será menor de 36 meses”, luego de la entrada en vigor de la ley “para evaluar el riesgo de los plaguicidas”.
Con ello, la discusión se prolongará, en medio de cabildeos de trasnacionales y grandes productores, que ven en riesgo sus fuertes intereses económicos.
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