Laura Gómez Flores
La Unidad de Policía Cibernética alertó a la ciudadanía sobre estafas conocidas como “montaviajes”, cuyo modo de operar consiste en presentar grandes ofertas en paquetes de viaje o servicios separados como boletos de avión o reservas de hoteles, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Dichos estafadores solicitan el pago parcial o total de lo contratado y después las supuestas agencias o vendedores desaparecen, y en esta época de vacaciones se estima que el número de reportes relacionados con estos aumente.
Ante ello, emitió las siguientes recomendaciones: evitar el ingreso a sitios web mediante enlaces o anuncios que lleguen de correos electrónicos sospechosos, de remitentes desconocidos o publicidad en redes sociales.
El no pagar comisiones por adelantado, comprobar que la agencia de viajes esté registrada ante la Secretaría de Turismo y cuente con oficinas reales y revisar sus referencias en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Además de verificar características de las páginas web para identificar su veracidad, revisar los colores, tipografías y errores ortográficos que se observan; no llenar formularios con información personal y desconfiar de ofertas atractivas o por debajo de su precio.
Para cualquier duda u orientación, así como en caso de detectar eventos sospechosos en el ciberespacio, la SSC a través de la Policía Cibernética pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 55 5242 5100 ext. 5086.
La ciudadanía también puede utilizar el correo electrónico [email protected], la aplicación Mi Policía o las cuentas de redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, indicó.
Lee: Travel Now Caribe Mexicano,‘app’ para que quintanarroenses disfruten del estado
Edición: Estefanía Cardeña
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada