Silvia Chávez González
Vecinos, amigos y familiares del vendedor de tamales Jorge Claudio, de 47 años de edad, bloquean ambos sentidos de la autopista México-Querétaro para exigir justicia y que sea detenido el responsable de la muerte del comerciante, que falleció arrollado por un civil el 24 de diciembre en el Estado de México.
Con la familia de Jorge Claudio al frente, así como el triciclo que el comerciante utilizaba para vender sus tamales, avanzó el contingente que partió de la colonia La Piedad -dónde vivía el occiso- hacia la autopista escoltados por patrullas de seguridad pública municipal.
"¡Justicia, es lo que queremos!", clamó el contingente de civiles que descalificaron la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que en 48 horas dejó en libertad bajo caución a Ken Omar, de 32 años de edad.
Acusa que la FGJEM dejó en libertad a Ken Omar cuando existen agravantes como el hecho de que al parecer el hombre conducía en estado de ebriedad, omitió brindar ayuda al comerciante e intentó darse a la fuga y fue alcanzado por policías municipales.
Los manifestantes avanzaron sobre avenida Constitución. Hicieron una parada en la avenida Morelos y Torre Omega, en la colonia Santa María Guadalupe las Torres, donde quedó el cuerpo sin vida de Jorge Claudio y ahí exigieron respuesta de la FGJEM.
Inicialmente, la marcha concluiría en la Fiscalía de Justicia de Cuautitlán Izcalli, pero al final los organizadores se dirigieron a la autopista México-Querétaro, donde a las 13:50 horas comenzaron a bloquear la vialidad para exigir la aprehensión del conductor del Mini Cooper.
El contingente se dividió en dos bloques y a la altura de la empresa Ford Motor Company cerraron el paso a la circulación.
La FGJEM, en una tarjeta informativa, planteó que al vencer el término constitucional de 48 horas Ken Omar “N” fue puesto en libertad bajo las reservas de ley, “toda vez que el hecho delictivo por el cual es investigado de comisión culposa, y no amerita prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Edición: Estefanía Cardeña
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