Georgina Saldierna y Enrique Méndez
Para evitar el desalojo de vivienda e impedir la venta de cartera sin la debida defensa de los trabajadores, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que obligaría al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a buscar la conciliación con los deudores antes de iniciar un proceso de vencimiento anticipado.
La comisión recordó que, con la redacción vigente, se avaló la venta masiva de cartera en los sexenios de los ex presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, y que la cifra actual de créditos en litigio es de 1.2 millones en todo el país.
El dictamen, que se envió a la mesa directiva de la cámara para que lo agende en el siguiente periodo de sesiones, no contó con los votos de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), donde militan abogados que han sido señalados por distintas comisiones investigadoras de la cámara baja de formar parte de despachos que lucran con la cartera vencida del Infonavit.
Se trata de modificaciones al artículo 49 de la Ley del Infonavit, para incluir como obligación del Infonavit que, antes de buscar la recuperación de vivienda por incumplimiento de pago, inicie un procedimiento administrativo de rescisión y vencimiento anticipado, además de notificar personalmente al acreditado y justificar las causales.
En las consideraciones del dictamen, se resaltó que uno de los mecanismos para el despojo de vivienda es precisamente no informar a los trabajadores que se inició un litigio.
Se incluye el derecho de los deudores a conciliar con el Infonavit la situación de crédito, aunque bajo los criterios que establezca el organismo, y sólo en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo durante esa etapa, el organismo emitirá la resolución sobre el procedimiento administrativo.
Cuando se agote la etapa de conciliación, el Infonavit presentaría el litigio ante la autoridad judicial competente más cercana al domicilio del inmueble objeto de crédito, como parte del derecho de los trabajadores al debido proceso legal y a una debida defensa.
La Comisión de Vivienda recordó cómo miles de juicios especiales se presentan ante juzgados en entidades distintas al de la residencia de los trabajadores y que durante el sexenio pasado se cometió un “megafraude”, precisamente al no realizar la notificación.
Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, presidenta de la comisión, explicó que con la redacción actual del citado artículo, miles de créditos se han revendido tras el despojo a los trabajadores.
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