Israel Dávila
Diputadas del Congreso mexiquense presentaron el paquete de reformas y adiciones a 11 leyes para combatir la violencia de género y mejorar los esquemas de atención a víctimas de feminicidio, desaparición y trata, el cual fue aprobado ayer en comisiones y esta semana será presentado al pleno para su aprobación.
Este trabajo forma parte de la iniciativa Spotligth impulsada por ONU Mujeres y la Unión Europea, en sitios donde existe alta incidencia de delitos contra mujeres. El estado de México tiene la mayor incidencia de feminicidios en el país y según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública el año pasado se contabilizaron 409 muertes de mujeres de manera violenta, de las cuales sólo 138 fueron tipificadas como feminicidios.
Por dos años, tanto las legisladoras como las representantes de ONU Mujeres y otros organismos y colectivos promotores de los derechos de las mujeres realizaron un amplio análisis del marco jurídico estatal para adecuarlo y perfeccionar la atención a las víctimas de violencia de género, fortalecer su combate y mejorar los mecanismos de prevención.
La representante de ONU Mujeres, Belén Sanz, apuntó que aunque estas reformas son importantes en el fortalecimiento del andamiaje jurídico para combatir la violencia de género en el estado, lo fundamental será que estas leyes se apliquen y se hagan cumplir por las autoridades.
Por su parte, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, asesinada hace 13 años por su pareja, reconoció los avances de estas modificaciones, pero insistió que de nada servirán si las leyes no se hacen cumplir, pero sobre todo si no se capacita a los servidores públicos en materia de perspectiva de género.
Las reformas citadas incluyen cambios a 42 artículos y ocho adiciones a incisos de 11 leyes, entre ellas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Ley de Víctimas del Estado de México y la Ley de la Fiscalía de la entidad.
Entre las modificaciones aprobadas se incluye la obligatoriedad para el Ministerio Público de que en todos los casos en que se tenga conocimiento de delitos vinculados a las violencias de género, familiar, contra la libertad sexual, trata y desaparición, deberá iniciar de oficio y sin demora una investigación y garantizar que las víctimas de feminicidio y desaparición tengan acceso a programas sociales.
Se regulan las órdenes de protección para mujeres en riesgo y se incluye que ningún servidor público puede inhibir y obstaculizar a mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia en su contra.
Edición: Ana Ordaz
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