Eduardo Murillo
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) colaborará con la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en torno a la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente luego de un enfrentamiento con soldados. El caso será investigado por autoridades civiles, pues así lo dispone la ley cuando las víctimas no son militares.
Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo pasado, cuando los militares patrullaban la ciudad y escucharon disparos de arma de fuego, según la versión de la Sedena: “visualizaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado”.
“De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego; suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos.”
La Sedena agrego que colaborará también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que la Fiscalía General de Justicia Militar indagará los hechos que conciernen al fuero castrense.
Agrego que habrá un “diálogo abierto con las familias, por conducto de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, para brindar las atenciones que corresponden en este tipo de casos.”
Luego del presunto enfrentamiento, se originaron roces entre los militares que acordonaron la zona y familiares de las víctimas, los cuales fueron grabados en video y difundidos en redes sociales.
En ellos se ve a los civiles golpeando a los soldados, pero también a uniformados que arrebatan el celular a uno de manifestantes y luego disparan al suelo para dispersarlos y poder remolcar el vehículo en el que viajaban los civiles ultimados.
También circuló un video donde se observa a las presuntas víctimas a bordo de un vehículo disparado armas de alto poder, vestidos con cascos y chalecos antibalas.
“El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso de trabajar con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, brindando todas las facilidades a las autoridades y a los organismos nacionales y estatales defensores de los derechos humanos, acatando cualquier resolución que las autoridades determinen”, concluyó la Sedena.
CNDH realiza investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició queja de oficio por los acontecimientos ocurridos el pasado 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde presuntamente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían accionado sus armas de fuego en contra de una camioneta en la que viajaban seis jóvenes, cinco de los cuales fallecieron y uno más resultó herido, así como por los enfrentamientos que se suscitaron horas después entre elementos militares y pobladores.
En un comunicado, señaló que “desde el primer momento en que tomó conocimiento de los hechos comenzó a recabar la información necesaria para investigar el caso”, por lo que -aseguró- ya ha entrado en comunicación con la autoridad señalada por las presuntas violaciones a derechos humanos y se ha puesto en contacto con familiares de las víctimas para brindarse el acompañamiento necesario y la asesoría jurídica que requieran.
La CNDH enfatizó que realizará las labores de investigación “que la ley le faculta, con toda seriedad y responsabilidad, como lo ha hecho en otros casos mediáticos y, cuando cuente con todos los elementos necesarios, emitirá los pronunciamientos que resulten pertinentes”.
Aprovechó para hacer un llamado “respetuoso” a las asociaciones civiles, activistas y medios de comunicación que han divulgado lo acontecido sobre este caso, “a fin de evitar la generación de desinformación mediante la difusión de datos no verificados y de versiones extraoficiales, toda vez que se encuentra de por medio el interés de las víctimas y sus familiares, así como el derecho de la población a obtener información veraz que permita esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia”.
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