Rubén Villapando
En sesión de cabildo del municipio de Nuevo Casas Grandes, de la zona noroeste del estado de Chihuahua, aprobaron por unanimidad cambiar la nomenclatura de la calle Héroes del Carrizal y ponerle el nombre de la activista asesinada Marisela Escobedo Ortiz.
A esta madre la mataron en diciembre del 2010, fuera de Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, cuando luchaba por justicia para su hija Rubí de 16 años de edad, a la que mató su pareja sentimental que luego se convirtió en sicario de Los Zetas en Zacatecas y murió en un enfrentamiento con militares.
La propuesta para cambiar el nombre de la calle fue hecha por un grupo de activistas de Nuevo Casas Grandes y fue apoyada por la regidora Silvia Orozco.
Este es un logro de la organización mujeres impulsoras por la agenda de Nuevo Casas Grandes, que tienen como uno de sus objetivos reconocer y enaltecer la imagen de todas aquellas mujeres que luchan por generar cambios positivos en la estructura social como en el caso de la juarense Marisela Escobedo.
Ella fue una activista que luchó por hacer justicia después del asesinato de su hija Rubí, que ante la indiferencia y la impunidad de las autoridades y fue asesinada frente a palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua por órdenes del mimo asesino de su hija: su yerno.
Marisela Escobedo localizó al homicida de su hija y un panel de tres jueces lo dejó libre a pesar de haber confesado la muerte frente a ellos y dijo el lugar donde la había enterrado.
La historia de esta activista, enfermera de profesión, fue reflejaba en el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, dirigido por Carlos Pérez Osorio, de Netflix.
Lee: Con 'Las tres muertes de Marisela Escobedo', Netflix documenta el feminicidio
Edición: Ana Ordaz
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada