Emir Olivares y Alonso Urrutia
En el juicio internacional promovido por el gigante estadunidense Vulcan Material Company contra el gobierno mexicano por la suspensión de trabajos de la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica), los expertos del tribunal deben visitar la zona destruida por esa empresa para verificar personalmente el ecocidio en la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hay un panel y lo que quisiera es que no resolvieran los encargados de este panel en escritorio, que visitaran la zona, porque es ecocidio. Como la empresa es muy poderosa, imagínense para que senadores del partido republicano estén tratando el asunto, a ver si no les da pena y vergüenza a esos senadores”, aseveró en la mañanera de este jueves el mandatario mexicano.
Luego que no se alcanzaran acuerdos por la explotación y extracción de miles de toneladas de piedra caliza en la región, “que es un paraíso”, el gobierno mexicano suspendió las labores de la minera. Ante eso, la empresa promovió un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, con sede en Washington, alegando un supuesto incumplimiento de las autoridades mexicanas para una concesión y reclama al Estado mexicano mil 529 millones de dólares como compensación.
Al respecto, el jefe del Ejecutivo mexicano subrayó: “Estamos denunciados, yo hago un llamado a quienes forman parte del panel ()… atento, respetuoso, desde luego acatamos lo que ellos dictaminen, resuelvan, se va a acatar; pero sí me gustaría mucho que conocieran el territorio, que conocieran la destrucción, el ecocidio que causó esta empresa estadunidense. Cómo devastaron zonas naturales, de manglares, pero en una superficie amplia y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas sin ninguna limitación”.
López Obrador remarcó que inclusive en este caso de Calica, senadores republicanos manejan un “doble discurso”, pues por un lado hablan de la protección al ambiente y la lucha contra el cambio climático, y por el otro defienden a la gigante Vulcan Material Company en este proceso. Es de recordar además que una fracción de legisladores de ese partido ha pedido el ingreso de tropas de su país a suelo mexicano para contrarrestar a los cárteles del narcotráfico.
“Senadores republicanos defendiendo a esta empresa estadunidense que se llevaba grava de Playa del Carmen (desde la terminal marítima de Punt Venado), de la zona natural y de las costas de El Caribe, de la zona natural y turística más bella de México y de las más bellas del mundo, y utilizaban los terrenos como bancos para sacar grava y llevar ese material de construcción a Estados Unidos y usarlo en la construcción de carreteras; todo esto por la complicidad que había con las autoridades seudoecologistas, que eran quienes dominaban en el gobierno, que les dieron los permisos”.
López Obrador recordó que su gobierno clausuró la minera y no se alcanzó un acuerdo aun cuando se propusieron varias opciones a la compañía estadunidense.
“Les dijimos todo esto que destruyeron arréglenlo para que queden como albercas y el resto del terreno ya no lo sigan destruyendo, que se hagan veredas para cabañas y nosotros les ayudamos con los permisos para que se eche a andar un plan de ecoturismo; incluso ofrecimos que les comprábamos. (Y la respuesta fue) ‘no’, porque estaban acostumbrados a imponerse”.
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López Obrador afirmó que las intervenciones telefónicas que realizan las agencias encargadas para ello cuentan con autorización judicial, como marca la ley, y se trata de actividades de inteligencia y no de espionaje.
A pregunta sobre el supuesto uso ilegal del malware Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mandatario garantizó que “no hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia, porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza”.
Inclusive afirmó que esas labores las realiza el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del gobierno, que tiene facultades legales para hacerlo”.
Indicó que la información obtenida por el CNI se comparte con otras instituciones. En el caso del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, el mandatario federal apuntó que se tiene una llamada en la que habla con un presunto narcotraficante. “Y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado (…) Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia”.
Descartó que sea la Sedena, a través del Centro Militar de Inteligencia, la que realice esas labores y use Pegasus.
“Tenemos informaciones distintas. Tengo otro dato. No opera Pegasus ese centro militar. Además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes, y en México no necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus”.
Cuando se le dijo que esta información del presunto espionaje militar viene de los archivos a la Defensa hackeados por el grupo autodenominado Guacamaya, el jefe del Ejecutivo federal, irónico, dijo: “¡Ah, fíjense! Ya nos vamos entendiendo. Dígame quién es Guacamaya? (…) ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes (los periodistas) sobre eso? “.
López Obrador expresó sus sospechas que ese grupo “son agencias agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González. Entonces, esa información que es ilegal, porque no se puede extraer, hackear información de ninguna dependencia del gobierno, de ningún particular, esa es la que utiliza este que vive en una unidad habitacional del Infonavit, (Carlos) Loret de Mola, que tiene un pequeño departamento de 200 millones de pesos, ese se alimenta de Guacamaya”.
López Obrador sostuvo que su gobierno no tuvo nada que ver con la remoción de Miguel Angel Osorio Chong de la coordinación de los senadores priistas: “es una situación de un partido, nada más que no nos vayan a echar la culpa” los medios de comunicación.
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A pregunta expresa sobre el conflicto en el seno de la bancada del PRI en la Cámara Alta, López Obrador aseveró que si su gobierno fuera como los de antes “no tendríamos ningún problema, ni con los medios, sería cosa de seguirlos maiceando, como los maiceaban antes, con honrosas excepciones. En el caso de los legisladores, con recibirlos, ni siquiera maicearlos. ¿Cuántas veces he recibido a, cómo se llama, Alejandro Moreno? Nunca.
“ Y ¿Vamos a dialogar? No, cada quien que cumpla con su responsabilidad. Y los del Poder Judicial, lo mismo, pero imaginense establecemos relaciones de complicidad, con jueces, magistrados, ministros, No pues ya, no tendríamos autoridad moral. Aquí que cada quien cumpla con su responsabilidad”.
López Obrador informó que una vez más se ampliará por tres meses el plazo para realizar los trámites de regularización de los vehículos de procedencia extranjera que opera en algunas entidades del país.
Los trámites vencían este 31 de marzo, pero con este anuncio se prolongará hasta el último día de junio.
El mandatario detalló que esta decisión se toma ya que: “nos ayuda en el tema de la seguridad, el tener el registro. Hay delitos que se cometen en estos vehículos y no podemos identificar a sus auténticos dueños, porque no están registrados, porque los ingresaron y luego los vendieron, cambió de propiedad y luego se los roban y le dan mal uso”.
A la par, afirmó, la regularización de los llamados autos chocolate también es un apoyo para la gente, porque regularmente son de bajo costo y se usan para llevar a los niños a la escuela, y en el caso de camionetas, se emplean en el campo.
“No son caros para la gente. Muchos paisanos (que se encuentran en Estados Unidos) ayudan a sus familiares de esa manera; y también es un ingreso para los gobiernos estatales, municipales, con el propósito que compongan sus calles, que no haya baches, tres meses más”.
Asimismo, refirió que se analizará la regularización de autos de procedencia extranjera que no provengan de Estados Unidos.
Edición: Ana Ordaz
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