La zona limítrofe entre los estados de México y Morelos ha sido especialmente afectada por la tala clandestina, actividad que prevalece en la región desde hace más de 25 años. Pobladores del municipio mexiquense de Ocuilan aseguran que en el pasado cuarto de siglo han sido devastadas más de 5 mil de las 12 mil hectáreas de bosques que había en ese territorio, donde se ubican las lagunas de Zempoala.
A pesar de las reiteradas protestas de pobladores, las autoridades no han querido o no han podido impedir la operación de criminales dedicados al saqueo de madera en los bosques del área donde colindan las entidades mexiquense y de Morelos, una de las franjas de mayor recarga de agua en el centro del país.
Félix Alberto Linares, alcalde de Ocuilan en tres ocasiones –de 2006 a 2009, de 2016 a 2018 y relecto hasta 2021, aunque murió el 4 de enero de 2020 en un accidente aéreo–, se cansó de pedir apoyo a los gobiernos federal y estatal, para que enviaran a la zona personal militar y policías estatales para combatir la tala ilegal, pero nunca obtuvo respuesta.
Linares sufrió un atentado en mayo de 2016 en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, cuando sujetos no identificados dispararon desde un sector boscoso en más de seis ocasiones contra la camioneta en la cual viajaba. El perredista salió ileso y de inmediato fue a Toluca a pedir apoyo de seguridad a autoridades mexiquenses; un día después pidió protección a la administración que encabezaba el presidente Enrique Peña Nieto.
El ex edil consideró en aquella ocasión que el ataque pudo ser resultado de sus constantes denuncias sobre la operación de agrupaciones dedicadas a la tala prohibida en la región que Ocuilan comparte con Morelos.
Días antes de la agresión, filmó un video de casi 10 minutos que mostraba cómo, en total impunidad, camionetas y camiones sacaban madera de la floresta, y se escuchaban en la filmación motores de sierras eléctricas con las que se cortaban árboles con más de 40 metros de altura.
Aseguró que los 30 elementos de la policía municipal de Ocuilan, 15 por turno, no podían enfrentar a taladores furtivos que no sólo los superaban en número, sino en armamento.
Días después del ataque, el gobierno federal instaló una base de operaciones mixtas del Ejército Mexicano en Ocuilan, pero sólo duró unas semanas; después, los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional se fueron.
Linares falleció en Tequesquitengo, Morelos, cuando la avioneta bimotor en la que viajaba falló y se desplomó. Pero Alberto Linares no era el único que había denunciado la operación de taladores clandestinos en su región.
A finales de la década de 1990, pobladores de San Juan Atzingo comenzaron a denunciar la presencia de saqueadores de madera provenientes de Huitzilac, Morelos, a los que delincuentes pagaban para cortar árboles.
Idelfonso Zamora, comunero de San Juan Atzingo, cobró notoriedad por sus reclamos contra la tala clandestina, y recibió amenazas de muerte. Un día se le advirtió que sería golpeado donde más le dolería.
En mayo de 2007 Aldo y Misael, hijos de Idelfonso Zamora, fueron emboscados; el primero murió y el segundo sufrió heridas graves, pero se recuperó. Este atentado cimbró no sólo a la familia Zamora, sino a los habitantes de San Juan Atzingo y Santa Martha, que dejaron de protestar durante varios meses.
Las quejas de la gente de Ocuilan prácticamente cesaron tras la muerte de Félix Alberto Linares. En 2022 sólo hubo una movilización, cuando pobladores de Santa Martha y San Juan Atzingo cerraron la carretera que va al Santuario de Chalma, para exigir a autoridades apoyo contra la tala ilegítima.
“Están exterminando los bosques y las autoridades no hace nada. Por más denuncias que se hacen, nadie mueve un dedo. Se les han dado incluso coordenadas de dónde está ocurriendo el saqueo, y nada. Hay una total negligencia y no quieren atender este problema”, aseguró un participante en esa manifestación.
“Siempre nos mandan un par de camionetas de la Guardia Nacional o del Ejército a la zona para patrullar, pero lo hacen dos o tres días y se van. Así el problema no se va a resolver”, indicó otra manifestante.
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Edición: Estefanía Cardeña
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