Ernesto Martínez
Al menos 70 líderes y comuneros de las cuatro etnias de Michoacán han sido ultimados y 22 más desaparecidos en poco más de cuatro décadas, aseguraron autoridades tradicionales durante la ceremonia que se realizó ayer en el pueblo purépecha de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, en memoria de siete personas que fueron capturadas por fuerzas federales entre 1974 y 1976, durante la llamada guerra fría.
Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Adenauer, Solón y Venustiano Guzmán Cruz (los cuatro últimos de entre 15 y 19 años), originarios de la comunidad Tarejero, demarcación de Zacapu; Rafael Chávez Rosas, de la localidad de Caltzontzin, Uruapan y José Luis Cruz Espinoza, primo de los hermanos Guzmán, fueron detenidos en esos años y no se volvió a saber de ellos, a pesar de decenas de denuncias ante autoridades nacionales y una ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Habitantes y autoridades purépechas se reunieron en la explanada de Zirahuén, donde efectuaron actividades deportivas y culturales, además de un acto en memoria de los desaparecidos, tres de los cuales pertenecían al Movimiento Armado Revolucionario, mientras el padre y uno de los hijos no formaban parte de éste.
El coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán, señaló que la mayoría de los asesinatos y ausencias de comuneros indígenas a lo largo de 40 años han sido por proteger su territorio, motivos políticos, ambientales o por enfrentarse al crimen organizado.
“En la Meseta Purépecha de 2009 a 2011 fueron reportadas las desapariciones de Tirso Madrigal, Armando Gerónimo Rafael, Jesús Hernández Macías, Magdaleno Sharicata Servín y Rafael García, este último era secretario de acuerdos del comisariado de bienes comunales y todos se dedicaban a la defensa de sus recursos naturales”, apuntó el dirigente indígena.
En la región nahua de Ostula, a partir de los 90, fueron ultimados 34 comuneros y de 2010 a 2013 desaparecieron seis personas por cuidar su territorio y su entorno, entre ellos el presidente de bienes comunales Francisco de Asis.
En tanto, en la zona del lago de Pátzcuaro, en Santa Fe de la Laguna, desde agosto de 2008 se desconoce el paradero de Alejandro Cortés y Juan Hernández Bautista, abogados de profesión y trabajadores del juzgado comunal de Uruapan.
En enero de este año fueron secuestrados por un grupo armado el líder de la localidad de Aquila, Antonio Díaz y el abogado de asuntos indígenas, Ricardo Lagunes, después de presidir una asamblea general en la cabecera municipal, cuando se trasladaban rumbo a Colima.
En cuanto a homicidios, en enero de 2020 falleció bajo condiciones sospechosas el activista mazahua del ejido El Rosario, municipio de Ocampo, Homero Gómez, defensor de los bosques y de la mariposa monarca del santuario El Campanario.
Entre los casos más recientes está el asesinato de Eustacio Alcalá Díaz, dirigente de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, en Chinicuila, perpetrado el pasado 23 de abril.
Pavel Guzmán afirmó que es “lamentable” que en casi todos los casos ha prevalecido la impunidad y que los tres órdenes de gobierno se han mantenido al margen de toda esta violencia que predomina en la zona.
Edición: Emilio Gómez
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