La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que con el fin de fortalecer los trabajos en torno a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hoy fue reasignado a la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, el expediente de queja iniciado en octubre de 2021, a partir de las líneas que no fueron consideradas ni valoradas en la Recomendación 15VG/2018 de la administración anterior.
Ello, mediante acuerdo de la presidente, Rosario Piedra Ibarra. Con esta decisión, aseveró la CNDH, “se asume la desaparición forzada de los 43 estudiantes como un crimen perpetrado por el Estado mexicano”, como se desprende del segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), presentado el miércoles.
Destacó que se contará “con un equipo más amplio de personal experto, enfocado en las tareas de investigación requeridas, toda vez que, al personal que integra la Oficina Especial, se suma también el Programa de Personas Desaparecidas, en una acción conjunta y coordinada que potenciará nuestras posibilidades y alcances”.
Cabe recordar que anteriormente la Dirección General de la Primera Visitaduría era la que encabezaba los trabajos de acompañamiento y seguimiento del Caso Ayotzinapa, luego de que el 28 de enero de 2020, “atendiendo a la petición de los familiares de los 43 normalistas”, la presidente Piedra Ibarra, dispuso la desaparición de la Oficina Especial para el ‘Caso Iguala’, de la administración pasada.
En un comunicado, la CNDH refirió también las acciones que ha llevado a cabo con el objeto de coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Entre ellos, la revisión de la Recomendación 15VG/2018, “que no cumplía con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida”.
Asimismo, “revictimizaba tanto a las víctimas directas como a las indirectas, específicamente a la comunidad de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’”, de Ayotzinapa.
La CNDH también reconoció los avances en las nuevas investigaciones llevadas a cabo por la Covaj, y confió en que desde la Oficina Especial “podremos trabajar en conjunto con ella, para lograr lo que es una demanda nacional: el pleno esclarecimiento de los hechos, y el castigo de las personas responsables, materiales e intelectuales”.
De igual manera reiteró su exhorto, por un lado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que atienda su petición de compartir la información de que dispone acerca de la documentación específica que le fue negada a dos de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “y que los ha llevado a señalar que se oculta documentación que podría ser decisiva para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos”.
En tanto que a las madres y padres de los normalistas les expresó: “para que en el momento en que lo dispongan nos reunamos nuevamente para revisar el seguimiento de la queja, y poder responder, desde este organismo autónomo, a las inquietudes que han venido manifestando, reiterando nuestro compromiso de acompañamiento en su lucha, hasta lograr la justicia y la verdad”.
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