Andrea Becerril y Georgina Saldierna
El Senado de la República aprobó la extinción de 13 fideicomisos de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, pese a los reclamos de trabajadores que desde la mañana del martes protestaban a las afueras de la sede legislativa.
La mayor parte de los legisladores de Morena y sus aliados lograron avalar la minuta que se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación; los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra y junto a ellos, los morenistas Olga Sánchez Cordero, Rafael Espino y Alejandro Rojas Díaz Durán.
Es una venganza: opositores
Durante más de siete horas de debate en el Pleno, el frente opositor repitió una y otra vez que se trata de una venganza contra la Suprema Corte que lesionará a 55 mil trabajadores, y desde el partido guinda los desmintieron y señalaron que los más de 15 mil millones de pesos que integran esos instrumentos son para una minoría privilegiada.
Sánchez Cordero vs. Cravioto: debate entre morenistas
La senadora de Morena y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero voto en contra, y en la tribuna, demandó modificar el dictamen y salvar cinco de los 13 fideicomisos, los que, sostuvo, incluyen aportaciones de los trabajadores. Esos argumentos contrastaron con los de sus compañeros, entre ellos de César Cravioto, quien sostuvo que los fondos no sólo son guardaditos de la Corte, sino que los utilizan para ganar intereses.
Cravioto advirtió que el plan de prestaciones médicas complementarias, que Sánchez Cordero pidió salvar, tiene 2 mil 972 millones de pesos y sólo lo utilizó una persona en 2022. Expuso asimismo que el de pensiones complementarias para mandos medios y superiores, además de operativos de la Suprema Corte, tiene la friolera de 2 mil 972 millones de pesos, y sólo apoya a 184 personas, no a 55 mil.
Insistió en que es falso que se beneficie a trabajadores del ramo, toda vez que la mayoría de los fondos han ido aumentando en lugar de disminuir, y cada año el PJF pide presupuesto para pensiones complementarias y otras prestaciones, o sea, dobletean, lo cual, dijo, es una sinvergüenzada.
Ejemplificó con el fideicomiso para pensiones complementarias de mandos medios, que en 2013 tenía mil 790 millones de pesos y hoy acumula 2 mil 900 millones. Son datos, aclaró, de un documento que les mandó la propia presidenta de la Corte, Norma Piña.
Sánchez Cordero insistió en que al extinguir todos los fideicomisos se estaría validando la disposición de un dinero que no es únicamente del presupuesto federal, sino que contiene aportaciones de los servidores públicos.
Al respecto, el senador Israel Zamora (PVEM) explicó que la reforma establece que en caso de que hubiera recursos de los trabajadores, el propio Poder Judicial se va a encargar de cubrir las obligaciones, y lo que sobre es lo que se reintegrará a la Tesorería.
Un debate electoral, con Gálvez a la cabeza
Fue un debate en el que se impuso el tema electoral; la panista Xóchitl Gálvez presentó una moción suspensiva y al igual que una veintena de sus compañeros de partido, aprovechó para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador y sostener que ganarán las elecciones de 2024.
Los coordinadores de los tres partidos del frente opositor, Julen Rementería (PAN), Manuel Añorve (PRI) y Miguel Ángel Mancera (PRD) asumieron la defensa de los fideicomisos del Poder Judicial, y junto con otros integrantes de sus bancadas insistieron en que los fideicomisos son legales y todo es una venganza del Presidente de la República contra Norma Piña.
En la votación en lo general ante el pleno la minuta se aprobó con 67 votos en favor y 48 en contra. La oposición amenazó que interpondrá recursos ante la Corte para echarla abajo, como han hecho con otras 30 leyes.
Los empleados de base del PJF analizan las acciones a tomar tras la extinción; la opción que está puesta sobre la mesa es extender la huelga al menos hasta el 14 de noviembre.
¿Decisión política o técnica?
Durante la discusión de la minuta en las comisiones tomó la palabra el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González, quien cuestionó a los senadores sobre si la decisión de eliminar los fideicomisos es “política o técnica”, ya que se afectaría la creación de plazas laborales para atender nuevos centros de justicia y estos quedarían como “elefantes blancos”, además de que se haría redoblar esfuerzos a los trabajadores en activo.
González defendió a ministros, magistrados y jueces, ya que, sostuvo, de los fideicomisos no se les pagan prestaciones e insistió a quién más afectaría la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sería a la base laboral.
El poder judicial, recalcó, es un contrapeso para “contrarrestar el poder absoluto”.
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