Jared Laureles y Jessica Xantomila
La reaprehensión de los ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, acusados de delincuencia organizada, obedece a una “persecución política” desde la Secretaría de Gobernación, aseveraron los abogados de los detenidos, al argumentar que las pruebas se basan en dichos de testigos protegidos “que cambiaron su versión a cambio de privilegios otorgados” desde la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.
Anunciaron que esta semana presentarán una denuncia penal en contra de entre tres y cuatro servidores públicos “que se encargaron de integrar esta lamentable investigación” en esta nueva etapa del caso al igual que a los testigos protegidos por “falsedad y delitos contra la administración de la justicia”.
Precisaron que la denuncia penal alcanza al Fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra. “Así tengamos que ver a todos en la cárcel, aquí no se trata de inventar delitos, se trata de demostrar con pruebas”, señaló el abogado César Omar González.
En este sentido, el litigante Alejandro Robledo, insistió en que el ex subsecretario Alejandro Encinas tiene pendiente declarar sobre el caso ante un juez federal.
“Curiosamente el subsecretario Encinas estaba muy ávido por ir a declarar pero ya van dos veces que lo citamos y van dos veces que no comparece; parecería que se está escondiendo. Lo vamos a encontrar de todos modos y va acabar compareciendo, eso se lo prometo”, advirtió.
En una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, la defensa legal de los militares señaló que las acusaciones por parte del Ministerio Público Federal, que permitió la reaprehensión, el primero de febrero pasado, se basa en las declaraciones de dos testigos protegidos presuntos integrantes de la organización Guerreros Unidos, “delincuentes confesos que han cambiado sus versiones de manera innumerable y que además han sido señalados de inventar pruebas y dichos”.
Indicaron que este martes estaba programada una audiencia ante la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, para que los testigos protegidos fueran interrogados por la defensa, pero no se presentaron: “uno de ellos por una situación médica, y el otro porque no fue localizable en el domicilio proporcionado por el Ministerio Público, cuando pues es testigo de la Fiscalía General de la República”.
César Omar González recordó que en junio de 2023 la misma juez negó las órdenes de aprehensión por el mismo delito de delincuencia organizada.
Edición: Fernando Sierra
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