Jessica Xantomila y Jared Laureles
Ante el debate en torno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que la prisión preventiva oficiosa (PPO) sea modificada, con el fin de que no sea automática, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró que dicha figura es incompatible con las garantías fundamentales y saludó “todo esfuerzo por eliminarla”.
“Atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial y la persecución eficaz de los delitos”, aseguró en redes sociales.
También, destacó que la prisión preventiva oficiosa va contra el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, el deber de fundar y motivar la medida privativa de la libertad, el derecho a la revisión judicial y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública”.
Ayer la Secretaría de Gobernación señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se está excediendo en sus funciones al asumir por sí sola la decisión de anular la prisión preventiva oficiosa y advirtió que de concretarse impactaría en la posible liberación de 68 mil personas en prisión acusadas de presunto homicidio, secuestros, violación, narcotráfico, entre otros.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos aseguraron que eliminar la prisión preventiva oficiosa no implicaría que más de 68 mil personas en esa condición vayan a ser liberadas, sino que se tiene que revisar si hay elementos para mantenerlos en la cárcel.
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Edición: Fernando Sierra
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