Un tribunal federal mexicano ordenó este lunes garantizar servicios de aborto voluntario hasta las 12,6 semanas de gestación en Chihuahua, con lo que sumarían 12 de 32 entidades en México que reconocen la interrupción legal del embarazo.
La autoridad resolvió tres amparos interpuestos por organizaciones civiles, entre ellas Marea Verde Chihuahua, AbortistasMx, CHEROS y Red de Aborto Seguro, como parte de una estrategia jurídica nacional para que mujeres, personas trans y no binarias con capacidad de gestar pudieran interrumpir su embarazo.
“Este enorme esfuerzo colectivo ha dado frutos y se lograron estas tres sentencias, en las cuales el Tribunal Colegiado reconoció que las autoridades de Chihuahua están violando los derechos reproductivos de las mujeres y (personas gestantes) al negarse a proporcionar servicios de aborto en sus hospitales y clínicas”, señalaron en un comunicado.
Aunque la sentencia no obliga al Congreso de Chihuahua a realizar una reforma al Código Penal, el juzgado federal reconoció que las autoridades estatales actualmente violan la Constitución al no garantizar el acceso a servicios de aborto voluntario en hospitales y clínicas públicas.
Argumentó que la negativa infringe el artículo cuarto constitucional, que garantiza el derecho a la libre decisión sobre el propio cuerpo.
Las colectivas y organizaciones celebraron este logro, especialmente en una entidad “tan conservadora” como Chihuahua, y convocaron a la población a conmemorar cada 27 de mayo el día en que el Poder Judicial de la Federación “protegió los derechos de las personas con posibilidad de gestar y reafirmó que abortar es un derecho de todas, todos y todes”.
Hasta ahora, se sancionaba con una pena de seis meses a tres años de cárcel a la mujer que abortaba voluntariamente y sólo se permitía la interrupción del embarazo en casos de violación en un periodo menor a 90 días.
Con la sentencia en Chihuahua, más de un tercio de las 32 entidades de México reconocen la interrupción legal del embarazo.
Tan sólo en 2022, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo aprobaron reformas para despenalizar el aborto, con lo que se sumaron a Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima, en 2021, mientras que Ciudad de México lo hizo en 2007 y Oaxaca en 2019.
Además, la Suprema Corte invalidó en septiembre de 2021 el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que castigaba el aborto hasta con tres años de prisión, y sentó un precedente nacional para impedir encarcelar a las mujeres que abortan y llevar la interrupción legal del embarazo a cada entidad.
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