Diputados aprueban reforma constitucional en materia energética

El objetivo central es que la CFE y Pemex sean del servicio público
Foto: Fernando Eloy

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum mediante la cual Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperan la categoría de “empresas públicas del Estado” y se establece que esta última debe tener un carácter preponderante en el sector eléctrico, con respecto a las compañías privadas.

El debate, que de por sí se alargó por casi 14 horas, se hizo aún más extenso cuando se aceptó a debate y finalmente fue avalada una reserva presentada por la morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva, mediante la cual se suprimió la obligación del Estado de conducir la transición energética.

La votación en lo general fue de 353 a favor y 122 en contra, mientras que en lo particular la cuenta quedó en 350 y 111, respectivamente. 

A lo largo del debate, los partidos mayoritarios afirmaron que con esta reforma el Estado recupera la soberanía energética, mientras que la oposición advirtió que se crean “monopolios”, que podrían desincentivar la inversión, la competencia y la modernización en el sector.

Morena defendió que con esta reforma se revierte la que se aprobó en diciembre de 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.


Soberanía energética

Durante su conferencia de mañanera, Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma permitirá consolidar la soberanía energética y logrará que el objetivo central de las empresas públicas (Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos) no sea mercantil, sino el servicio público.

En el caso de la energía eléctrica, se busca consolidar que el sector público generará el 54 por ciento de suministro de energía eléctrica y la iniciativa privada el 46 por ciento. 

La iniciativa de reforma constitucional en materia energética contempla eliminar la definición que se les impuso de empresas públicas del estado con la reforma de 2013, que las equiparaba con las empresas privadas y las obligaba a regirse por el derecho mercantil. Con ello, la propuesta actual pretende que regrese a ser empresas públicas para que se rijan por derecho público.


Edición: Estefanía Cardeña


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