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La Jornada
08/03/2025 | San Cristóbal de las Casas, Chiapas
La agrupación denominada Colectiva Cereza manifestó su preocupación porque “se sigue condenando a las mujeres por el hecho de serlo; porque son la esposa, la concubina, la hermana o la madre de quien cometió el delito y ellas también son detenidas y acusadas porque se les hace responsables por el vínculo familiar o afectivo, debido a en el momento de la detención ahí estaban”.
Agregó que ese es el caso de Alejandra, indígena tseltal del municipio de Yajalón, sentenciada a 110 años de prisión, acusada del delito de secuestro agravado.
Sostuvo que “no hay testigos directos ni peritajes que indiquen su responsabilidad en el delito, sino un razonamiento lógico del juez de elementos”.
Manifestó que la condena de 110 años en contra de Alejandra, madres de tres niñas, presa en el penal de San Cristóbal, “está basada en pruebas circunstanciales, lo cual es violatorias de derechos humanos”
La agrupación añadió que “la visión de las Fiscalías y de los Jueces sigue siendo patriarcal y sin perspectiva de género ni derechos humanos, constituye una visión que violenta y criminaliza a las mujeres por el hecho de serlo y automáticamente las hace cómplices de las acciones de los hombres cercanos a ellas”.
Sin embargo, aseveró, “los Fiscales y Jueces son capaces de tener empatía con otro hombre, porque manifiesta emociones en la Sala y construye un discurso de imposibilidad de reacción adecuada por su ‘paternidad’ con uno de los responsables del delito, y porque era el ‘único varón de sus 10 hijos’.
En un comunicado sostuvo que “esto es discriminación y criminalización de las mujeres por ser mujeres”, al tiempo de manifestar que “los y las jueces tienen que tomar responsabilidad en primera instancia y juzgar con perspectiva de género, del interés superior de la infancia, de los adultos mayores, interculturalidad y derechos humanos”, pues “es una obligación constitucional”.
Agregó que “el Tribunal de Enjuiciamiento debe de ser independiente, garantizarse su autonomía y el respaldo del Tribunal Superior de Justicia para dictar sentencia con libertad de criterio; que las Fiscalías cuando hay insuficiencia probatoria ‘pidan apoyo’ a su titular para que a su vez lo haga con su superior y éste con el Tribunal Superior de Justicia para que el juez condene, es corrupción y son malas prácticas que deben terminar”.
Dijo que “cuando una persona inocente es condenada, se produce un daño irreparable, individual pero también familiar, comunitario, social. Y si es una mujer el daño impacta directamente en sus hijos e hijas, afectandolos física, económica, educativa y psicológicamente, se quedan con mucha frecuencia en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, sin acceder a la escuela porque tienen que trabajar o son obligados a ello”.
La colectiva Cereza reiteró que “seguimos observando muchas sentencias condenatorias injustas; en muchas causas no hay un debido proceso, no hay defensa pública técnica adecuada, los peritos de la Fiscalía no tienen preparación técnica suficiente y los que sí, realizan dictámenes ‘a modo’, según el interés del Fiscal del Ministerio Público”.
Sostuvo que “la Fiscalía ejerce presión sobre otras instituciones para que ‘colaboren’ realizando actos que constituyen violaciones a los derechos humanos, como con las Procuradurías locales del DIF, que firman entrevistas de la Fiscalía a niños y niñas a posteriori sin haber estado presentes”.
Aseguró que “la Fiscalía Indígena sigue utilizando a los niños y niñas contra sus madres, manipulando, amenazando y obligando a los adolescentes, lo que viola sus derechos constitucionales y los convenios internacionales de los que es parte México”.
Pidió que “se tomen las medidas desde la Fiscalía General del Estado para que se investigue con perspectiva de género y derechos humanos, y se dejen de construir delitos contra las mujeres”.
Edición: Emilio Gómez
