La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que tanto el gobierno de México como los socios de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública cuando Felipe Calderón ocupó la presidencia, “han avanzado sustancialmente” en un acuerdo a fin de “profundizar el conocimiento de la trama de corrupción” que tejió el ex funcionario.
Antes de que empezara el juicio en Miami, Florida, ya estaba en la mesa la posibilidad de un acuerdo, pero ni en ese periodo, ni en las fechas oficiales que establecía la corte civil donde reside el procedimiento iniciado por la UIF en 2021, se pudo concretar. Por ello, el gobierno de México se decantó por un “retiro voluntario de la demanda sin perjuicio” en lo que se llega a un convenio. Si éste no se logra en los próximos 30 días, la demanda se reactivará.
“De no perfeccionarse el acuerdo, se mantiene abierta la posibilidad de volver a presentar la demanda, ya que no se habrá resuelto el fondo del actual procedimiento”, añadió la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y enfatizó que “el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas”, pues, en su caso, se solicitó el retiro de la demanda luego del fallo condenatorio en el que se les dictó pagar casi 2 mil 500 millones de dólares.
El jueves pasado, un tribunal de Miami, Florida, sentenció a Genaro García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereyra, a pagar al gobierno mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, el triple del dinero público que el exsecretario de Seguridad Pública desvió en contratos ilícitos a empresas de su propiedad o vinculadas con él, cuando fue funcionario del último sexenio panista y posteriormente en el de Enrique Peña Nieto, cuando ya no tenía un cargo.
Sin embargo en la demanda impuesta en Miami, también se acusa a Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub, por haber tejido una red de corrupción para desviar dinero público mediante contratos ilegales que beneficiaron a las empresas de la mano derecha de Felipe Calderón.
Además de ellos, que son la parte más visible de la red de prestanombres para triangular los recursos de contratos ilegales obtenidos en beneficio de García Luna –y que ahora están en vías de negociar un “criterio de oportunidad” para abonar en las investigaciones de la Fiscalía General de la República–, la demanda también incluye a Sylvia Pinto, esposa de Mauricio Samuel y madre de Jonathan Alexis; a José Francisco Niembro González, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública, y a Martha Nieto Guerrero, su esposa.
La jueza Lisa Walsh dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública y su esposa, pero se abrió un periodo de 30 días para llegar a un acuerdo conjunto con los socios de García Luna. De manera formal, en la corte de Miami el periodo para llegar a una negociación entre la UIF y los Weinberg era del 28 de abril al 23 de mayo. Esta fecha ya pasó, pero a fin de llegar a una negociación, ambas partes decidieron retirar de manera voluntaria la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice).
Esta figura permite que el gobierno mexicano y los socios de García Luna lleguen a un acuerdo, pero la jueza Walsh mantendrá jurisdicción para dictar una sentencia derivada de lo que negocien los implicados.
De no concretarse el acuerdo dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta la sentencia, advirtió la UIF.
