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La Jornada
19/06/2025 | Ciudad de México
Carolina Gómez y Jessica Xantomila
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) aseguraron que México no logró acreditar avances significativos para la vida de las mujeres y niñas en el país, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), en Ginebra, Suiza.
Las organizaciones resaltaron que la delegación mexicana, jefaturada por Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, evitó responder preguntas clave del Comité, entre ellas las relacionadas con el cumplimiento de los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan temas de salud, trabajo, educación, justicia y condiciones jurídicas en el ámbito familiar.
"El Estado mexicano nos quedó a deber. La comparecencia concluyó sin que el Comité pudiera cerrar su evaluación. México deberá entregar por escrito las respuestas que evadió, como muestra del déficit de rendición de cuentas que enfrenta nuestro país en materia de derechos de las mujeres”, aseguraron.
Los días 17 y 18 de junio, el Estado mexicano fue evaluado por décima ocasión ante la instancia de Naciones Unidas (ONU), y en la comparecencia, el Comité expresó su “profunda preocupación” ante la incapacidad del Estado para presentar evidencia verificable de avances reales en materia de justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación hacia las mujeres.
“Desde el OCNF y la Red TDT, lamentamos que la representación oficial mexicana haya recurrido a evasiones, datos parciales y narrativas triunfalistas, mientras las violencias contra las mujeres persisten y se agravan en el país”.
Subrayaron que a pesar de que el Estado afirmó que los feminicidios han disminuido, “las cifras oficiales cuentan otra historia: en los últimos seis años, no se ha logrado una disminución efectiva. En promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres en México. De estos crímenes, sólo 25 por ciento se investigan como feminicidio, y en estados como Guerrero o Guanajuato, esta cifra es menor al 10 por ciento”.
Indicaron que “negar la gravedad de la violencia feminicida no la erradica: la invisibiliza y revictimiza a quienes han perdido la vida y a sus familias”.
El Comité también señaló la falta de datos estadísticos claros y actualizados, lo que impide evaluar si las políticas públicas realmente han beneficiado a las mexicanas y lamentó el debilitamiento de instituciones clave como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de la “militarización” que vulnera de forma particular a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes.
Las agrupaciones sostuvieron que uno de los “retrocesos más alarmantes es el desmantelamiento de La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), que pone en riesgo la continuidad del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Dijeron que Hernández Mora, “se limitó a resaltar la narrativa oficial del ‘tiempo de mujeres’, sin aportar datos concretos que acrediten los supuestos avances”.
El Estado también “presumió el Mecanismo de Protección a Defensoras y Periodistas, pero sus cifras muestran su ineficacia: sólo mil 472 de dos mil 128 solicitudes fueron aceptadas y las medidas otorgadas siguen siendo reactivas y limitadas. Entre 2018 y el año pasado, 39 defensoras
fueron asesinadas -principalmente indígenas y cuidadoras comunitarias- y cuatro periodistas fueron privadas de la vida”.
En materia de aborto y salud sexual y reproductiva, el Estado “omitió obstáculos reales: la falta de personal capacitado, la objeción de conciencia sin regulación, y la criminalización persistente en al menos 8 estados. En solo tres meses de 2025, se abrieron 218 carpetas de investigación por aborto, incluso en entidades donde ya está despenalizado”.
El Programa Nacional contra la Trata de Personas fue mencionado como una “columna vertebral” ante esta problemática, pero el Programa 2022-2024 “no tuvo presupuesto, por lo cual demandamos que el nuevo Programa tenga un presupuesto específico para su mejor implementación”.
Además, expresaron que les preocupa que la Ley General en materia de trata no sea reformada debido a que los elementos del tipo penal de los delitos descritos en la misma permiten la impunidad, como lo ha referido Mario Uribe Olvera, abogado penalista y profesor de la Universidad Panamericana.
“Desde el OCNF y la Red TDT reiteramos que el Estado mexicano no logró acreditar avances reales ni sustantivos. No hay “tiempo de mujeres” mientras no se garantice el derecho a la vida, la justicia y la igualdad. No hay avances si seguimos contando a nuestras muertas”.
Como organizaciones comprometidas con los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, exigieron que el Estado mexicano responda de manera puntual y verificable a los cuestionamientos de la Cedaw.
También pidieron la reinstalación de Conavim o la creación de un órgano con igual o mayor capacidad técnica y presupuestaria y la homologación de los códigos penales estatales, así como la aprobación de un Código Penal Único con perspectiva de género.
Asimismo, la transformación del mecanismo de protección para defensoras y periodistas, dotándolo de una estructura sólida, especializada y con enfoque interseccional y que se garantice el acceso real y efectivo al aborto legal y seguro, con servicios accesibles, personal capacitado y sin criminalización.
De igual forma demandaron que se reconozcan y respeten los derechos de las madres buscadoras, defensoras indígenas, comunitarias y periodistas, y que ninguna más tenga que elegir entre su lucha y su vida y que se doten de recursos suficientes a los refugios existentes que atienden a mujeres y niñas víctimas de trata y la creación de nuevos refugios especializados para atender a todas las víctimas que necesiten dicha atención.
También que el nuevo Programa en materia de trata de personas 2025- 2030 incluya los contenidos sugeridos por la sociedad civil que han trabajado durante varias décadas en la prevención y atención de este problema, además, que todas las entidades federativas desde sus comisiones interinstitucionales implementen su programa desde su realidad local, contemplando los tres ejes principales: la prevención, atención integral, investigación y judicialización e integren los fondos para la reparación integral del daño a las víctimas.
“Porque mientras falte una, no hay derechos cumplidos”.
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Edición: Estefanía Cardeña
