Nacional > Sociedad
La Jornada
26/06/2025 | Ciudad de México
Jessica Xantomila, Jared Laureles, Emir Olivares y Arturo Sánchez
El Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) envió al Estado mexicano una solicitud para que proporcione información sobre los indicios que ha recibido respecto a que en el país esta práctica se lleva a cabo de forma generalizada o sistemática. A raíz de esta información, el organismo analizará la posibilidad de llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU.
En el documento se establece que México deberá entregar la información antes del 18 de septiembre próximo, ya que el CED la examinará durante su 29 periodo de sesiones, que se celebrará del 22 de septiembre al 4 de octubre de 2025, con el fin de tomar una determinación.
La gravedad de las desapariciones en México llevó al comité a invocar, en abril pasado, el artículo 34 de la Convención Internacional sobre la materia. Este artículo estipula que, si el CED recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado parte, podrá presentar la cuestión con carácter de urgente ante la Asamblea General.
El comité reconoció las medidas adoptadas recientemente por México para hacer frente a las desapariciones, incluidas las forzadas, como el decreto presidencial del 18 de marzo de 2025 por el que se fortalece el proceso de búsqueda; el proyecto de reforma de la Ley General en la materia –actualmente en discusión–; así como los planes para mejorar los registros forenses.
Sin embargo, el comité subrayó que ha recibido información creíble de diversas fuentes –la más reciente, procedente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en febrero y abril de 2025–, con datos recabados también por Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Esta información sugiere que el fenómeno es lo suficientemente grave como para justificar la invocación del artículo 34 de la convención.
La FIDH presentó casos documentados que parecen reflejar la comisión de desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada, tanto en el pasado como en el presente. En particular hizo referencia a la situación en Coahuila, entre 2009 y 2016; en Nayarit, entre septiembre de 2011 y septiembre de 2017, y en Veracruz, entre 2010 y 2017.
En cuanto a hechos más recientes, el CED destacó que la información disponible revela 28 mil 880 desapariciones reportadas entre el primero de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025. Asimismo, indicó que la situación en Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz parece indicar que las desapariciones se han cometido de manera sistemática, con patrones específicos que involucrarían directamente a algunos funcionarios estatales, o que se llevarían a cabo con su autorización, apoyo o aquiescencia.
Los datos recibidos, añadió el Comité, indican que “la naturaleza organizada de las desapariciones forzadas parece evidenciarse mediante los recientes hallazgos de fosas comunes; la práctica sistemática de desapariciones en un contexto de disputa territorial entre cárteles de la droga, con un modus operandi similar, que incluye distintos niveles de implicación, tolerancia o falta de intervención por parte de las autoridades”, así como la persistencia de la impunidad y el encubrimiento.
Aquí no hay desaparición forzada sistemática
El gobierno de México rechazó que existan desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado en territorio nacional. Cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable, respondieron las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SG) a la solicitud que el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) hizo al Estado mexicano.
En la solicitud se realizan algunos señalamientos que, a juicio de México, carecen de sustento, subrayaron Relaciones Exteriores y Gobernación.
México reitera su rechazo a que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado y cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable.
Señalaron que las autoridades del país trabajan con colectivos y familiares de desaparecidos en el marco de nuevas iniciativas de ley para atender integralmente este delito.
Es importante reiterar que el gobierno mexicano está comprometido con el combate al delito de desaparición de personas y que, en los gobiernos de la Cuarta Transformación no se promueve ni se tolera la desaparición forzada. El servidor público que incurra en este delito, sin excepción, será investigado y en su caso, será sancionado conforme a la ley, remarcaron las dependencias a nombre de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Garantizaron que las instituciones del Estado mexicano continuarán cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y darán respuesta a esta solicitud, en los tiempos requeridos.
El pasado 4 de abril –tras años de miles de desapariciones forzadas cometidas sobre todo en pasadas administraciones federales y por particulares—, el CED activó por primera vez un protocolo contra México.
Ese día, al finalizar el 28 periodo de sesiones del CED, el presidente del organismo, Olivier de Frouville, señaló que el comité recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México.
Edición: Ana Ordaz
