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La Jornada
21/08/2025 | Ciudad de México
Néstor Jiménez
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) descartó sancionar a Morena, así como a Pío Lorenzo López Obrador y a David Eduardo León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil, tras una serie de denuncias por parte del integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que generó una investigación que se prolongó por más de cinco años.
Las denuncias se derivan de la publicación de los videos en 2020, con los que se argumenta que el ex funcionario federal presuntamente entregó dinero a Pío López Obrador, hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante ello, la Unidad Técnica de Fiscalización inició una investigación “con rigor”, afirmó la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización.
“Se verificó la trazabilidad financiera en montos bancarios, contables, fiscales, se analizó documentación, soporte y registros contables, incluso se consideraron peritajes técnicos al material audiovisual, sin embargo de nada de ellos se obtuvo un grado suficiente para acreditar la conducta denunciada, no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, agregó la consejera.
Recordó que el 28 de octubre de 2020 la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió el recurso de apelación promovido por el propio Pío López Obrador, con base en el cual ordenó al INE dar continuidad a las investigaciones bajo el principio de exhaustividad, misma que duró cinco años.
La Unidad Técnica de Fiscalización realizó múltiples diligencias, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al propio Partido Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas directamente vinculadas en los vídeos, a fin de rastrear posibles vínculos financieros, explicó.
“Durante la sustanciación se recibieron diversas respuestas que en lo general no acreditaron transferencias bancarias ni flujos financieros irregulares”, dijo la consejera electoral, pero lamentó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó la entrega de la información solicitada, “lo cual representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas de investigación”.
De manera unánime, los consejeros electoral aprobaron el proyecto en el que se declara infundado el procedimiento
administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización en contra de ambos.
Edición: Mirna Abreu
