Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que los usuarios de tarjetas de crédito o débito puedan solicitar su cancelación en un plazo máximo de tres días, sin costos, comisiones, penalizaciones ni trámites excesivos.
Además, para que se reconozca como nula la emisión de tarjetas emitidas sin consentimiento expreso de los usuarios o bien que se entreguen mediante publicidad engañosa y obligar a los bancos a reembolsar cobros indebidos.
Los usuarios de tarjetas enfrentan un doble problema, primero porque la mayoría de las entidades financieras y comerciales exigen trámites innecesarios, requisitos ambiguos o generan demoras injustificadas, para cancelarlas; y por otro la práctica de emisión de plásticos sin solicitud expresa de las personas.
“En ambos casos se debilita el principio fundamental de que todo contrato requiere una manifestación libre y consciente de la voluntad. Ya sea al dificultar la salida (cancelación) o al forzar la entrada, se restringe de manera indebida la autonomía contractual del usuario”, indicó el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila.
La cancelación, dijo en la exposición de motivos de su iniciativa que se publicó hoy en la Gaceta Parlamentaria y se envió a comisiones, es que la cancelación depende, en muchos casos, de trámites presenciales en las sucursales.
Aun cuando la contratación puede realizarse en línea o a distancia, la baja de un producto bancario suele exigir la presencia, física del usuario, lo cual un costo de tiempo, y además no existen canales digitales efectivos para dar de baja un servicio.
A ello se suma, dijo, la resistencia activa de los bancos a procesar cancelaciones. Citó que, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, en 2024 se recibieron 251 mil 528 reclamaciones, la mayoría de por tarjetas de crédito, debido y créditos personales.
De ese total, 7 mil 594 casos correspondieron a solicitudes de cancelación de productos o servicios no atendidas o no aplicadas, lo que convirtió a la cancelación en la séptima reclamación de mayor ocurrencia, indicó.
En el caso de las tarjetas no solicitadas por los usuarios, se trata de un problema que incluso puede vincularse con fraudes o robo de identidad y refirió que bancos o incluso tiendas departamentales ofrecen tarjeta a sus clientes sin información suficiente y “a merced de procedimientos poco claros o envueltos en otras promociones”.
La propuesta de reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros plantea que, si bien ya existen mecanismos para dar de baja una tarjeta, se requiere dar más herramientas a los usuarios para facilitar el trámite.
En ese sentido, plantea que se pueda realizar de manera presencial, telefónica o digital, en un máximo de tres días hábiles, sin costos para el usuario para evitar prácticas abusivas. Además, declarar nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso u otorgadas bajo publicad engañosa en cuanto su costo.
También plantea prohibir a bancos y entidades comerciales el cobro de comisiones por servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados o sin el consentimiento expreso de los clientes.
Garantizar que, en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales en línea oficiales, los bancos incluyan un botón visible y de acceso directo, disponible 24 horas y los 365 días del año, para solicitar la cancelación.
Edición: Fernando Sierra
