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La Jornada
18/11/2025 | Ciudad de México
Arturo Sánchez Jiménez
El gobierno federal publicó este martes el nuevo Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno, instrumento que actualiza y amplía las reglas para los servidores públicos, al establecer un cerco más estricto contra el acoso sexual, el conflicto de interés, el nepotismo y la corrupción, e incluir por primera vez disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en la administración federal.
El documento, difundido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sustituye al Código de Ética publicado en 2022, y 37 artículos, frente a los 24 de la versión anterior, e introduce definiciones más amplias y específicas de conductas violatorias de la ética en la administración pública federal.
En materia de acoso y hostigamiento sexual, el código enumera de manera explícita 17 comportamientos constitutivos de estas faltas, entre los que se incluyen el envío de mensajes, fotografías o videos de naturaleza sexual "editados por medios digitales o de inteligencia artificial", así como expresar "piropos" o "bromas" con connotación sexual.
El documento incluye la definición de la "actuación bajo conflicto de interés" como una falta administrativa grave. El nuevo marco obliga a los servidores públicos a identificar y excusarse de intervenir en asuntos donde sus intereses personales, familiares o de negocios puedan comprometer su imparcialidad, bajo pena de incurrir en una responsabilidad grave.
Asimismo, el código establece que los servidores públicos deben mantener una "actuación íntegra" incluso fuera del horario y espacio laboral, y comprometerse con un comportamiento ejemplar que fortalezca la confianza en las instituciones en todo momento.
La nueva norma prohíbe de forma explícita el nepotismo en materia de recursos humanos y exige a todo personal involucrado en contrataciones públicas capacitarse en la normativa aplicable, con el fin de transparentar las adquisiciones del gobierno.
El código establece que los servidoras públicos deberán verificar la información que generen las herramientas de inteligencia artificial antes de utilizarla en sus labores, y les prohíbe emplear estas tecnologías con información institucional sensible o confidencial.
Edición: Estefanía Cardeña
