La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha enviado una comunicación oficial al Gobierno de México en la que expresa “profunda preocupación” por la legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los derechos humanos de los megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) propuestos en el golfo de California, según un comunicado difundido este miércoles por organizaciones civiles.
En la carta, firmada por nueve relatorías especiales y remitida el 2 de septiembre, la ONU advierte que la instalación de cuatro terminales de gas —Saguaro Energía, Vista Pacífico, Amigo LNG y GNL Cosalá— así como dos gasoductos (Sierra Madre y Corredor Norte), podría convertir a México en el cuarto exportador mundial de GFL, “a costa de la salud, los ecosistemas, las comunidades y los compromisos climáticos del país”.
El organismo multilateral señala que permitir el avance de estos proyectos sin evaluaciones ambientales completas, sin transparencia y sin la participación de las comunidades afectadas pondría a México en riesgo de incumplir el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y su propia Constitución.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por las emisiones previstas de gases de efecto invernadero, la contaminación tóxica, la alteración de los ecosistemas y otros daños ambientales”, cita la comunicación, que también avisa de que estas operaciones pueden afectar derechos como la alimentación, la salud, un ambiente limpio y el desarrollo de las comunidades.
“La quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima de la Tierra”, recuerdan los relatores.
La intervención de la ONU ha tenido lugar tras una comunicación enviada en diciembre de 2024 por 25 personas de comunidades del golfo de California y organizaciones civiles, quienes solicitaron apoyo para frenar la expansión fósil en una región conocida como “el Acuario del mundo” por su valor ecológico.
En su petición, pidieron exigir a México y Estados Unidos información completa, consulta a las comunidades e investigaciones independientes sobre los posibles daños a la salud, la pesca, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias.
Además de México, la ONU ha emitido comunicaciones similares a los países de origen de las empresas involucradas —Estados Unidos y Singapur— y a las compañías que buscan instalar las terminales.
Las organizaciones firmantes del comunicado difundido este día aseguran que, con esta notificación, México queda bajo “escrutinio internacional formal” y que cualquier decisión que facilite los megaproyectos será vista como una responsabilidad directa del Estado.
Afirman que la industrialización del golfo de California “va contra el interés nacional, contradice obligaciones internacionales, compromete el Estado de derecho y erosiona la credibilidad del país”.
Las agrupaciones piden a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades ambientales revocar autorizaciones otorgadas “irregularmente”, suspender las evaluaciones en curso hasta contar con información completa, detener la expansión fósil, garantizar el consentimiento libre e informado de comunidades indígenas y alinear la política energética con la transición justa.
“México tiene hoy la oportunidad de romper el guión fósil y demostrar que su compromiso climático es real. Ignorar este llamado sería asumir un costo político, ambiental y ético irreparable”, concluyen.
Edición: Ana Ordaz
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