Diputados aprueban por unanimidad nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual propuesta por Sheinbaum

La reforma ordena una exhibición mínima de 10 por ciento de producciones mexicanas en salas
Foto: Roberto García Ortíz

Fernando Camacho y Enrique Méndez 

Con el voto unánime de los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que abroga la Ley Federal de Cinematografía, pero en la misma sesión, el pleno retiró el dictamen para proteger artistas intérpretes o ejecutantes, por el desaseo en su votación en la Comisión de Cultura la noche del lunes.

En una discusión de hora y media, la nueva ley propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue avalada por 466 votos a favor en lo general y 462 en lo particular, y fue enviada al Senado para la continuación de su trámite legislativo.

Pese a la unanimidad en el respaldo a la nueva ley, la oposición advirtió que, si no se garantizan los recursos suficientes para llevarla a la práctica, la legislación quedará sólo como un “catálogo de buenas intenciones”.

Al subir a tribuna para fundamentar la iniciativa, la morenista Alma Lidia de la Vega, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, destacó la necesidad de abrogar la Ley Federal de Cinematografía, que databa de 1992, pues desde entonces “el mundo cambió, la tecnología cambió y también la forma en que las personas producen, distribuyen y consumen contenidos audiovisuales”.

Al reconocer que el cine y otros productos audiovisuales no se proyectan únicamente en salas, sino también en plataformas digitales, la nueva ley moderniza el marco jurídico y reconoce este ámbito como una “industria cultural estratégica generadora de empleo, de identidad y soberanía cultural”.

La legisladora recalcó que la propuesta de Sheinbaum “responde a una realidad marcada por la concentración en la distribución y exhibición de contenidos extranjeros que limita el acceso del público a las producciones mexicanas”.

Por tal razón, se establece en la nueva norma una exhibición mínima garantizada de 10 por ciento de cine mexicano en salas, así como revisiones semestrales y ajustes semanales de cartelera, ampliación del tiempo mínimo en pantalla de 7 a 14 días y reforzamiento de la promoción en plataformas digitales con secciones dedicadas a producciones nacionales.

De igual forma, De la Vega destacó que la iniciativa establece incentivos fiscales de hasta 30 por ciento del costo de producción, lo que permitiría “generar empleos, fortalecer cadenas productivas y fomentar la inversión en el país”.

También se ordenan medidas de inclusión y accesibilidad que garantizan el acceso a personas con discapacidad mediante subtitulaje, adaptación y auto descripción, y se otorgan apoyos a creadoras indígenas y afromexicanos, para reconocer la riqueza pluricultural y lingüística de nuestro país.

Por otro lado, con el objetivo de preservar el patrimonio audiovisual nacional, una copia de cada película mexicana será entregada para resguardo en la Cineteca Nacional, de tal manera que forme parte de la memoria histórica del país.

Aunque todos los grupos parlamentarios se manifestaron en favor de la iniciativa, legisladores de oposición señalaron que deben garantizarse los recursos necesarios para llevar la nueva norma a la práctica.

Uno de ellos fue el panista Omar Borboa Becerra, quien alertó: “No se pueden ampliar los derechos sin tener más financiamiento. Legislar sin presupuesto, es generar expectativas que no se van a cumplir”.

De igual forma, consideró que “obligar por decreto a exhibir más contenido nacional, sin fortalecer la producción, la distribución y la competitividad, no resuelve el problema de fondo. No se trata de imponer, se trata de competir. No se trata de obligar a ver más cine mexicano, se trata de hacer que la gente quiera verlo”.

Además, hizo ver que “existen riesgos en materia de competencia económica”, por los “posibles conflictos en tratados internacionales” en el marco del mercado global de la cinematografía, y que “sigue sin resolverse el problema estructural de la falta de inversión sostenida, de certeza jurídica, y de una política pública integral que vaya más allá de la exhibición”.

Por su parte, Ofelia Jasso (PRI) anunció que su bancada apoyaría la iniciativa, pero al mismo tiempo consideró que “esta ley es un intento por corregir los graves errores y el terrible abandono que se dejó a la industria durante el sexenio pasado”.

En ese mismo tono, subrayó que la iniciativa “establece el restablecimiento de un programa de apoyo y plantea la posibilidad de generar estímulos fiscales, pero no se restablece el fondo y no se prevén recursos reales para el desarrollo de la industria”.

La priista recalcó que con la nueva norma “se construye un andamiaje jurídico ambicioso, pero ambiguo en materia presupuestal, pues no se destina ningún nuevo recurso para la operatividad de esta ley para el ejercicio fiscal en que estamos de 2026. Quien gobierna sabe que sin dinero la ley queda condenada a convertirse en un catálogo de buenas intenciones”.

Aunque a continuación estaba programada la discusión del dictamen por el cual se reformaban las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, en materia de derechos de las personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes, el tema no fue abordado en el pleno debido a la falta de certeza con respecto al contenido del documento.

La noche del lunes, la comisión votó dos proyectos del mismo tema. Uno, con el documento enviado a los diputados el sábado y sin cambios a la iniciativa; y otro que se distribuyó ayer mismo, con cambios y errores.

El diputado Erubiel Alonso Que (PRI) preguntó a Lidia de la Vega cuál de los dos era el que se sometía a votación. La legisladora primero dijo que el del sábado, y ante la insistencia del priísta, dijo que también el del lunes.

Esto es, se habrían votado dos y De la Vega no pudo precisar cuál se presentaría ante el pleno y ante la falta de certeza, Morena decidió retirar ambos y regresarlos a la comisión.


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Edición: Estefanía Cardeña


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