La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, un organismo público autónomo, cuestionó este sábado el reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) que afirma que el país concentra más acciones urgentes por esta causa que cualquier otra nación del mundo.
En un pronunciamiento, la CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares, y cuestionó en particular que haya privilegiado posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado mexicano en los últimos siete años.
La CNDH sostuvo además que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la “Guerra Sucia”, entre 1951 y 1990, y de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, entre 2006 y 2012, mientras que los casos recientes exigen ordenar las búsquedas y fortalecer a las instituciones encargadas de localizar a las víctimas.
Según la CNDH, el comité incurre en contradicción al afirmar por un lado que no hay indicios suficientes de una política federal deliberada para desaparecer personas y, por otro, concluir que estos hechos ocurren conforme a políticas estatales u organizacionales.
La comisión también defendió su actuación al recordar que desde 2023 ha advertido del uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas y que en la actual gestión ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos de años anteriores y otras cinco por casos recientes, con expedientes que abarcan de 1958 y hasta el 2022 en estados como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
Asimismo, rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento, al considerar que reproduce fórmulas externas que, a su juicio, no mejoraron antes la situación de derechos humanos en el país.
También arremetió contra las ONG que, según dijo, politizan el tema.
El Gobierno mexicano ya había tachado el informe del CED de “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”, mientras Amnistía Internacional lo celebró, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que el problema afecta a más de 132 mil familias.
Edición: Fernando Sierra
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