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La Jornada
07/04/2026 | Hermosillo, Sonora
Cristina Gómez Lima
Leyla Monserrat Lares Becerra tenía 15 años cuando fue engañada por dos adolescentes en Sonoyta, Sonora. Dos “amigas” le dijeron que le prepararían una sorpresa, la sentaron en una silla, le vendaron los ojos y, mientras ella reía y preguntaba a quién conocería, colocaron una cuerda alrededor de su cuello, la asfixiaron y la mataron. La escena fue grabada y difundida a través de redes sociales.
El crimen ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles, a unos kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos. Un día después, el 26 de septiembre, la familia inició la búsqueda.
Meses más tarde, un video anónimo llegó a manos de la madre, Carmen Angélica Becerra Valencia. En las imágenes, según consta en la carpeta de investigación, se observa a la víctima confiada, sin saber que estaba siendo conducida a su muerte.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que se estableció, a partir de peritajes y cateos, que la causa de muerte fue asfixia mecánica y que las responsables eran dos adolescentes, de 13 y 15 años.
En un inicio, las investigaciones se dirigieron hacia un adulto, identificado como Martín, localizado sin vida días después; sin embargo, nuevos datos permitieron confirmar la participación directa de las menores.
De acuerdo con la investigación ministerial, el móvil estuvo relacionado con un conflicto entre adolescentes. Versiones integradas al expediente refieren celos por una relación sentimental, lo que derivó en el engaño, la agresión y la grabación del homicidio con un teléfono celular.
El caso fue judicializado bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En marzo de 2026, un juez dictó sentencia: dos años y diez meses de internamiento para la adolescente de 15 años; once meses de libertad asistida para la menor de 13 años, y el pago conjunto de 5 mil 657 pesos como reparación del daño moral.
La resolución judicial detonó cuestionamientos públicos sobre el alcance de las sanciones en delitos graves cometidos por menores de edad. El monto de la reparación económica y la duración de las medidas impuestas contrastaron con la violencia documentada en el caso.
Para la familia, el proceso no cerró el ciclo. Este lunes 6 de abril, Leyla habría cumplido 16 años. En su lugar, su madre sostiene una exigencia: que el caso no se reduzca a una sentencia, sino que abra la discusión sobre la protección de adolescentes y la respuesta institucional frente a crímenes contra menores de edad.
Edición: Estefanía Cardeña
