En tiempos de pandemia, la vivienda es uno de los elementos de la primera línea de defensa frente al COVID-19, señalaron expertos y representantes de organismos de Naciones Unidas.
En un debate virtual sobre el Derecho a la vivienda en el marco del COVID-19 y la postpandemia, indicaron que la falta de regulación y apoyos ha puesto en riesgo a miles de familias que son desalojadas por no cumplir el alquiler.
Bernardo Serrano, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refirió que, ante las medidas de aislamiento y distanciamiento social decretadas en el mundo para reducir los riesgos de la pandemia, tener un hogar es fundamental para la preservación de la salud, la dignidad y la vida.
Sin embargo, dijo, la situación actual ha puesto al descubierto las enormes desigualdades existentes en los sistemas de vivienda: al menos 150 millones de personas en todo el mundo viven sin hogar o en refugios de emergencia; una cuarta parte de la población urbana habita en asentamientos informales, sin seguridad de la tenencia, con constante riesgo de desalojos forzados y en condiciones de hacinamiento.
Agregó que los inquilinos y propietarios de la vivienda están luchando por hacer sus pagos a precios inasequibles y ante la pérdida de empleo o en el subempleo, a lo que se debe sumar la cobertura de servicios básicos (agua, energéticos y telecomunicaciones) que al no poder pagar, se les han limitado.
“Desde el sistema de Naciones Unidas se ha dejado claro que la falta de vivienda, incluso ante una crisis como ésta, es una violación a un derecho básico, como lo son el derecho a la alimentación, a la salud y al agua”, indicó.
Raquel Rolnik, ex relatora de la ONU sobre vivienda adecuada, aseveró que en medio de la emergencia es impostergable que existan políticas públicas que eviten los desalojos y que favorezcan a que los propietarios o inquilinos puedan pagar la hipoteca o el alquiler.
“El tema del alquiler como un elemento central en el acceso a la vivienda ha sido invisibilizado de las políticas públicas y se ve como un asunto de contratos y relaciones entre privados, como si fuera algo de salir a comprar un tomate o un pan. Se debe reconocer que la vivienda es un elemento esencial de la política pública, especialmente en tiempos de pandemia, donde es el frente de protección y preservación de la vida frente a la amenaza del COVID-19”.
Alicia Ziccardi, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, enfatizó que son las autoridades las que deben implementar políticas públicas que garanticen el acceso a derechos básicos de la población en medio de esta pandemia, entre ellos la vivienda digna.
Edición: Ana Ordaz
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